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El exalcalde de Egüés (Geroa Bai), a juicio por acceder al ordenador de una edil de UPN para obtener "datos íntimos"

Alfonso Etxeberría será juzgado junto a un técnico informático amigo suyo, mientras que la juez archiva la causa sobre otros ediles que fueron también investigados. 

Alfonso Etxeberría dejó la alcaldía del valle de Egüés el pasado mes de junio y ahora será juzgado por un posible delito contra la intimidad. PABLO LASAOSA
Alfonso Etxeberría dejó la alcaldía del valle de Egüés el pasado mes de junio y ahora será juzgado por un posible delito contra la intimidad. PABLO LASAOSA  

El juzgado de Instrucción nº 1 de Aoiz ha decidido abrir juicio oral contra el exalcalde del valle de Egüés, Alfonso Etxeberría (Geroa Bai) por un presunto delito contra la intimidad y otro de revelación de secretos. 

Termina así una larga investigación que se inició en enero de 2017 cuando la misma juez decidió llamar a declarar al todavía alcalde nacionalista por haber accedido al ordenador de una concejal de UPN, del que obtuvo datos personales e íntimos de la edil. 

En el auto dictado con fecha 25 de julio, ha decidido abrir el procedimiento abreviado contra el alto cargo del partido de Uxue Barkos y contra Federico Albero Ros, informático y amigo de Exteberría, que colaboró en los supuestos delitos. La juez ha archivado la causa contra el resto de concejales del consistorio que tuvieron relación con los hechos y que en su momento fueron también investigados. 

La juez detalla que ha resultado acreditado, tras la amplia instrucción del caso, que Alfonso Etxeberria, actuando como presidente de la sociedad pública Andacelay entre finales del año 2012 y principios del año 2013 encargó a su amigo Federico Albero Ros como experto informático la recuperación de datos contenidos en un ordenador propiedad de dicha sociedad y que había sido usado por Carolina Potau (exconcejal de UPN) en funciones de secretaría y contable de la sociedad hasta su dimisión en noviembre de 2011.

Según el mismo auto, la recuperación de archivos incluyó "datos íntimos" y otros que Etxeberría valoró de "interés público" y convocó al consejo de administración para "explicar el proceso de obtención de la información", al tiempo que ofreció la posibilidad al resto de concejales de acceder al contenido, antes de poner el ordenador en manos de las autoridades. 

Etxeberria, en su búsqueda de pruebas de supuestas irregularidades de Potau (todas fueron archivadas) ordenó la compra con dinero público de tres discos duros para hacer copias para el Juzgado, la Fiscalía y para la propia sociedad Andacelay y convocó una rueda de prensa para informar de algunos de los datos encontrados. 

La juez ha ordenado el traslado de las diligencia al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten ahora en el plazo de 10 días la apertura de juicio oral con escrito de acusación o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa. 

RECURSOS DESESTIMADOS

Las últimas noticias sobre el caso, alargado por las numerosas pruebas periciales llevadas a cabo, tuvieron lugar con la desestimación por parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra del recurso del alcalde de Egüés, Alfonso Etxeberría (Geroa Bai) que había solicitado el sobreseimiento de la causa por la que era investigado por el supuesto delito contra la intimidad

Tanto el alcalde como 6 concejales de legislaturas anteriores en el valle de Egüés estaban siendo investigados y declararon ya ante la juez por acceder sin consentimiento a un ordenador de una exconcejal de UPN en el consistorio de la que querían recabar datos sobre unas supuestas irregularidades. 

El auto de la Audiencia Provincial señaló que se apreciaba la "existencia de un posible acceso a datos que, al menos algunos de ellos, pudieran tener un contenido personal de la denunciante, que la misma había borrado del ordenador que los contenía". 

"Tales hechos denunciados ostentan entidad suficiente para la iniciación de la fase de investigación previa, revelando indicios de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos", señala el auto de la Audiencia Provincial. 

LOS HECHOS OCURRIDO EN 2013

Según la juez instructora de Egüés, el 5 de febrero de 2013 varios miembros de la sociedad pública Andacelay de Egüés de los grupos municipales de Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda-Ezquerra del Ayuntamiento de Egüés convocaron una rueda de prensa para denunciar públicamente y forzar la dimisión del alcalde de UPN Josetxo Andía y de la concejal del mismo partido, Estefanía Clavero.

Lo hicieron después de acceder a unos datos recuperados del ordenador perteneciente a dicha sociedad pública y cuya usuaria fue Carolina Potau, concejal de UPN hasta su salida del consistorio en noviembre de 2011. fue el propio Etxeberría quien pidió a un informático amigo suyo la "recuperación" de documentos.

De esa manera accedieron a "multitud de archivos personales de Carolina Potau", algunos de ellos fotos personales, datos relativos a su entrenamiento deportivo y otros que certificaban que la exconcejal compatibilizaba su gestión en el Ayuntamiento con la gestión de una empresa en la que había trabajado y a la que se le adjudicaban contrataciones. 

Para la juez que investigó el caso, el hecho de que los datos se rescataran de un ordenador de titularidad pública no excluye la antijuricidad de la conducta, ya que la ley protege los datos de carácter personal automatizados de forma electrónica que obren en cualquier tipo de archivo o registro, sea este público o privado. 

Según la argumentación del auto, en este caso "se accedió a muchos datos que por afectar a la esfera íntima del individuo gozan, salvo resolución judicial, de facultades de exclusión absolutas frente a terceros".

También mantuvo en el mismo auto la juez que los datos recuperados habían sido "previamente borrados por su titular en una clara intención de protegerlos". Dicho borrado debió hacer suponer a los investigados que podía tratarse de datos de carácter personal y, pese a ello, en lugar de acudir a los cauce legales de acceso se instaló un programa específico para su recuperación. 

Por todo ello, se apreció que sin consentimiento de la titular hubo un apoderamiento de datos personales en un soporte público, una utilización de artificios técnicos para la reproducción de los datos, una utilización de los mismos en perjuicio de terceros, un acceso a los mismos no autorizado y una revelación y difusión a terceros de lo descubierto que obliga a la investigación de los hechos y a la estimación del recurso presentado por las denunciantes. 

Según la juez, que investigados tuvieran  un "legítimo deseo de transparencia con el ciudadano poniendo en su conocimiento hechos de interés y de trascendencia pública, pero existe la posibilidad de que la forma de proceder no se ajustara a la legalidad vigente. 


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El exalcalde de Egüés (Geroa Bai), a juicio por acceder al ordenador de una edil de UPN para obtener "datos íntimos"