• sábado, 21 de mayo de 2022
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TRIBUNALES

Una alcaldesa condenada por corrupción escoge la cárcel de Pamplona para cumplir su pena

Su abogado ya ha comunicado a la Audiencia que su clienta ha elegido la prisión de Santa Lucía para ingresar cuando le ordenen. 

Centro penitenciario de Pamplona. ARCHIVO
Centro penitenciario de Pamplona. ARCHIVO

La exalcaldesa de La Muela Mariví Pinilla ha elegido la cárcel de Pamplona para cumplir la condena de 11 años y 4 meses de prisión que le fue impuesta como autora responsable de diversos delitos de corrupción política mientras era regidora de este municipio zaragozano.

Así lo ha confirmado a Efe su representante legal, el letrado zaragozano Santiago Palazón, que esta tarde mismo tenía previsto remitir al letrado de justicia de la Audiencia de Zaragoza, a través del sistema informático Avantius, la opción elegida por su clienta.

En este escrito, hecho en respuesta al requerimiento de ingreso en prisión formulado el pasado día 29 de abril desde el tribunal zaragozano, este letrado comunica la decisión de Pinilla de optar por la prisión de Pamplona y de ingresar en prisión en la última semana del mes de mayo.

Mientras tanto, Palazón está a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que interpuso contra la sentencia condenatoria del Supremo por violación de los derechos legales de su clienta en relación a las escuchas telefónicas que fundamentaron el caso.

En concreto, este letrado aguarda una respuesta del Constitucional a su petición de suspensión cautelar del ingreso en prisión de Pinilla mientras se acuerda la admisión a trámite o no de su recurso.

Al parecer, la Secretaría de Justicia del Constitucional ha hecho acuso de recibo de los dos escritos remitidos por el abogado, que confía en obtener una respuesta a su petición en breves fechas.

La sentencia original de la Audiencia de Zaragoza, que condenó a la exalcaldesa a 16 años de cárcel y 8,4 millones de multa, fue rebajada por el Supremo a 11 años y 6,5 millones tras absolverla de algunos delitos que le fueron imputados en primera instancia.

En concreto, el alto tribunal ratificó los delitos de malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y delitos fiscales pero rechazó los de tráfico de influencias y fraude de subvenciones y el de fraude a la administración en una de las operaciones de la causa.

A juicio de lo manifestado entonces por los magistrados del Supremo, es "indiscutible" que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, "emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general". 


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