TRIBUNALES

La Audiencia confirma que el exalcalde de Geroa Bai en Egüés se sentará en el banquillo por varios delitos

Alfonso Etxeberría se enfrentá a 4 años de cárcel por acceder de forma ilegal a un ordenador y revelar datos y fotos íntimas de una concejal de UPN.

El alcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés declara en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz. IÑIGO ALZUGARAY
El alcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés declara en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz. IÑIGO ALZUGARAY

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que el exalcalde de Egüés por Geroa Bai, Alfonso Etxeberría, se sentará en el banquillo de los acusados. 

La Audiencia ha desestimado el recurso de apelación del político nacionalista que se enfrentará ahora a penas de cuatro años de prisión, tal y como solicitó en su momento la Fiscalía de Navarra tras la instrucción del juzgado nº 1 de Aoiz. .

Se confirma de esta manera que Etxeberría será el primero político en muchos años en Navarra en volver a sentarse ante un juez después de que la juez de instrucción, el fiscal y, ahora la Audiencia, hayan confirmado que existen evidentes indicios de delito. 

A pesar de todo esto, desde el partido de Uxue Barkos, que solicitaba dimisiones a todas las formaciones cuando ocurrían cosas incluso inferiores en otros procedimientos, sigue tapando y defendiendo las presuntas irregularidades de su cargo público, que todavía a fecha de hoy ocupa puesto como concejal en el consistorio de Egüés

La juez y la fiscalía acusan a Etxeberría de haber accedido de forma ilegal al ordenador de una exconcejal de UPN en el consistorio, del que obtuvo datos personales e íntimos, que además compartió y difundió con otros cargos del consistorio. 

El procedimiento incluye también a Federico Albero Ros, informático y amigo de Exteberría, que colaboró en los supuestos delitos. La juez archivó la causa contra el resto de concejales del consistorio de distintos partidos políticos que tuvieron relación con los hechos y que en su momento fueron también investigados. 

La Audiencia Provincial ha rechazado ahora las pretensiones de Etxeberría de practicar nuevas diligencias después de toda la amplia instrucción, ya que las considera necesarias por no están encaminadas a "determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él han participado y el órgano competente para el enjuiciamiento".

Según Etxeberría, él sólo pretendía acceder a información sobre la sociedad Andacelay para proseguir su campaña de desprestigio contra los ediles de UPN, un asunto que los jueces han dejado completamente archivado después de la caza liderada por Geroa Bai y Etxeberría en los tribunales con dinero público del consistorio contra los concejales regionalistas. 

"Estimamos que la práctica de esas diligencias no puede ofrecer datos de interés, de relevancia suficiente en orden a la aportación de elementos que avalen la tesis de la parte apelante de inexistencia del delito de que se trata, siquiera a los efectos propios de esta fase del procedimiento", señala la Audiencia en su auto al que ha tenido acceso este periódico. 

El texto recuerda, además, la gravedad de los hechos que se le imputan al exalcalde de Egüés, "una actuación que pudiera constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público con base en unos hechos que no solo alcanzan a haber procedido a examinar el contenido del ordenador de la señora Potau (exconcejal de UPN), recuperando archivos y datos que habían sido eliminados por ella, como fotos personales, familiares e íntimas de la misma, sino que, además, se le imputa haber facilitado su visionado a determinados concejales del Ayuntamiento de Egüés, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Pública, y haber ordenado la confección de un dossier que incluía fotos de viajes familiares de la denunciante y convocado una rueda de prensa en la que se dio a conocer el contenido de los datos recuperados, incluyendo referencia a esas fotos familiares y personales de la Sra. Potau e incluso se celebró un Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés en donde se adjuntó el citado dossier", señala el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra. 

Por estos motivos, la Audiencia comparte el criterio de la juez instructora y estima que fue acertado denegar la práctica de las diligencias solicitadas por Etxeberria, por lo que confirma el auto por el que se abre juicio oral contra el cargo de Geroa Bai. 

La juez de instrucción señaló que resultó acreditado, tque Alfonso Etxeberria, actuando como presidente de la sociedad pública Andacelay entre finales del año 2012 y principios del año 2013 encargó a su amigo Federico Albero Ros como experto informático la recuperación de datos contenidos en un ordenador propiedad de dicha sociedad y que había sido usado por Carolina Potau (exconcejal de UPN) en funciones de secretaría y contable de la sociedad hasta su dimisión en noviembre de 2011.

Según el mismo auto, la recuperación de archivos incluyó "datos íntimos" y otros que Etxeberría valoró de "interés público" y convocó al consejo de administración para "explicar el proceso de obtención de la información", al tiempo que ofreció la posibilidad al resto de concejales de acceder al contenido, antes de poner el ordenador en manos de las autoridades. 

Etxeberria, en su búsqueda de pruebas de supuestas irregularidades de Potau (todas fueron archivadas) ordenó la compra con dinero público de tres discos duros para hacer copias para el Juzgado, la Fiscalía y para la propia sociedad Andacelay y convocó una rueda de prensa para informar de algunos de los datos encontrados. 

OTRO CASO PENDIENTES

Hay que recordar que a Etxeberría se le acumulan sus problemas con la justicia. El alcalde nacionalista está siendo también investigado por dos supuestos delitos de prevaricación y malversación por favorecer una manifestación en favor de los violentos agresores de Alsasua

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Aoiz lo ccitó para conocer por qué cedió una carpa y personal municipal del consistorio del valle sin informe jurídico alguno para una manifestación celebrada en Pamplona en favor de los radicales condenados por apalear a dos guardias civiles y sus mujeres en un bar de Alsasua.


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