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Una juez investiga al alcalde de Egüés (Geroa Bai) por acceder en un ordenador a datos personales de una exedil de UPN

También deberán comparecer como investigados por un delito contra la intimidad otros seis exconcejales de Egüés, entre los que está la parlamentaria de Bildu, Miren Aranoa. 

Alfonso Etxeberria, alcalde de Egüés por Geroa Bai. EL ESPAÑOL
Alfonso Etxeberria, alcalde de Egüés por Geroa Bai. EL ESPAÑOL  

El alcalde de Egüés por Geroa Bai, Alfonso Etxeberría, ha sido llamado a declarar como investigado por acceder sin consentimiento a un ordenador de una exconcejal de UPN en el consistorio de la que querían recabar datos sobre unas supuestas irregularidades. Etxeberría llamo a un técnico informático para que recuperara datos que habían sido ya borrados por la exconcejal Carolina Potau y accedió a datos personales e íntimos de la edil. 

Junto a Etxeberría, también ha sido citados a declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción de Aoiz otros concejales y exconcejales del municipio, entre los que se encuentra la actual parlamentaria de Bildu, Miren Aranoa

Deberán comparecer ante el juzgado Mikel Bezunartea, (PSN), Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra), Mikel Etxarte (Geroa Bai), Ioseba Orduña (Geroa Bai) y Amaia Etxarte (Bildu). 

Todos ellos tienen que acudir al juzgado el 7 de febrero acusados de un delito contra la intimidad investigado por la juez de de instrucción de Aoiz después de avalar el recurso presentado por las exconcejales de Egüés de UPN Carolina Potau y Estefanía Clavero

Según el auto al que ha tenido accedo este medio, el 5 de febrero de 2013 varios miembros de la sociedad pública Andacelay de Egüés de los grupos municipales de Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda-Ezquerra y PPN del Ayuntamiento de Egüés convocaron una rueda de prensa para denunciar públicamente y forzar la dimisión del alcalde de UPN Josetxo Andía y de la concejal del mismo partido, Estefanía Clavero. Lo hicieron después de acceder a unos datos recuperados del ordenador perteneciente a dicha sociedad pública y cuya usuaria fue Carolina Potau, concejal de UPN hasta su salida del consistorio en noviembre de 2011. 

Según la juez, los ahora investigados por un delito contra la intimidad, informaron en esa rueda de prensa de varios hechos que son ahora relevantes para esta causa. El ahora alcalde Alfonso Etxeberría manifestó que fue el contable anterior de Andacelay quien consiguió encender el ordenador (propiedad de la sociedad) y se constató que en el interior no había documentación de la sociedad. 

Por este motivo, fue el propio Etxeberría quien pidió a un experto informático la "recuperación" de documentos. De esa manera accedieron a "multitud de archivos personales de Carolina Potau", algunos de ellos fotos personales, datos relativos a su entrenamiento deportivo y otros que certificaban que la exconcejal compatibilizaba su gestión en el Ayuntamiento con la gestión de una empresa en la que había trabajado y a la que se le adjudicaban contrataciones. 

Para la juez que investiga el caso, el hecho de que los datos se rescataran de un ordenador de titularidad pública no excluye la antijuricidad de la conducta, ya que la ley protege los datos de carácter personal automatizados de forma electrónica que obren en cualquier tipo de archivo o registro, sea este público o privado. 

Según la argumentación del auto, en este caso "se accedió a muchos datos que por afectar a la esfera íntima del individuo gozan, salvo resolución judicial, de facultades de exclusión absolutas frente a terceros".

También mantiene en el mismo auto la juez que los datos recuperados habían sido "previamente borrados por su titular en una clara intención de protegerlos". Dicho borrado debió hacer suponer a los investigados que podía tratarse de datos de carácter personal y, pese a ello, en lugar de acudir a los cauce legales de acceso se instaló un programa específico para su recuperación. 

Por todo ello, se aprecia que sin consentimiento de la titular hubo un apoderamiento de datos personales en un soporte público, una utilización de artificios técnicos para la reproducción de los datos, una utilización de los mismos en perjuicio de terceros, un acceso a los mismos no autorizado y una revelación y difusión a terceros de lo descubierto que obliga a la investigación de los hechos y a la estimación del recurso presentado por las denunciantes. 

Según la juez, que  los ahora investigados tuvieran  un "legítimo deseo de transparencia con el ciudadano poniendo en su conocimiento hechos de interés y de trascendencia pública, pero existe la posibilidad de que la forma de proceder no se ajustara a la legalidad vigente


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Una juez investiga al alcalde de Egüés (Geroa Bai) por acceder en un ordenador a datos personales de una exedil de UPN