Cinco de los detenidos durante la concentración y disturbios en contra del desalojo del gaztetxe de la Rochapea han sido condenados a nueve meses de prisión por resistirse a su arresto con violencia y un sexto tendrá que pagar una multa por delito de resistencia y más de 2.020 euros por las lesiones causadas a varios agentes tras llegar a un acuerdo con la fiscalía
Iker B., Ekay G., Beñat U., Iker N. y Mikel G. han aceptado una pena de nueve meses de prisión y la prohibición de participación electora durante este periodo por delito de atentado, rebajándose la petición inicial de tres años y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
A pesar de esto, al no contar ninguno de ellos con antecedentes penales queda suspendida la pena de prisión siempre y cuando no vuelvan a cometer ningún delito similar en los próximos dos años, plazo en el que prescribiría el delito.
Aitor I., por su parte, tendrá que pagar seis meses de multa por una cuota diaria de seis euros por el delito de resistencia y deberá indemnizar a un agente por 245 euros por lesiones y 800 euros por las secuelas y a otro agente con 975 euros.
De esta manera, se han eliminado en su caso los cargos por delito de atentado y sendos delitos de lesiones por los que estaba acusado en primera instancia por los que la acusación pedía dos años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Tanto Mikel G. como Iker N. ha sido condenados también a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros por delito leve de lesión en vez de los dos meses de multa con una cuota diaria de diez euros que la fiscalía pedía en un principio y mantienen la indemnización cada uno a un agente de 245 euros.
Ekay G. tendrá que pagar también una indemnización por el precio que se estime del pantalón de un agente que se rompió durante su detención.
Según detalla el texto del acuerdo emitido por la fiscal, la concentración celebrada el 02/09/21 con motivo del desalojo del gaztetxe de la Rochapea se situaba en un lugar no permitido cortando el tráfico y los asistentes, en vez de atender la indicaciones de la Policía Nacional “adoptaron una actitud violenta hacia los agentes y se fueron desplazando por diversas calles adyacentes”.
Iker B., Ekay G. y Beñat U. indica, salieron corriendo ante el avance policial y “se opusieron a la detención lanzando patadas y puñetazos” que “no alcanzaron a los agentes”, pero en el forcejeo con Garrido un agente “cayó al suelo sin que sufriera lesiones pero sí la rotura del pantalón del uniforme”.
Iker N. y Mikel G., señala el escrito, “formaron parte de un grupo que volcaron contenedores” y se opusieron también a la detención, lanzando ambos “patadas y puñetazos” que alcanzaron a sendos agentes.
Según detalla el acuerdo, Aitor I. “formaba parte de un grupo de personas que se iba acercando hacia el cordón policial de forma violenta para intentar disolverlo” y cuando fue retenido “se opuso a la detención tratando de zafarse”, motivo por el que cayeron al suelo el acusado y el agente, que se golpeó con el casco en la cara y precisó intervención de otros compañeros.
Como consecuencia de estos hechos, detalla, el agente al que tendrá que indemnizar con 975 euros sufrió un esguince de rodilla y al que tendrá que pagar 1.045 euros sufrió una contusión en la rodilla y artitis postraumática así como diversas contusiones y heridas que requirieron puntos de sutura y dejaron una cicatriz en la nariz.
Además, otro agente sufrió golpes en las piernas y un brazo y heridas que curaron con una primera asistencia y otro sufrió dolor en una muñeca, artitris postraumática y una herida en un dedo.
Desde media hora antes de la celebración del juicio se han concentrado varios centenares de personas frente al Palacio de Justicia de Pamplona que han mostrado su apoyo a los encausados con aplausos tanto a su salida como su entrada del edificio y han portado una pancarta denunciando la imposibilidad de defensa.
Uno de los condenados a nueve meses de prisión ha reconocido que han aceptado el acuerdo con la fiscalía “para evitar sobre todo el peligro de ingresar en prisión”.
En declaraciones a los medios a la salida del juicio, como portavoz de los seis condenados, ha asegurado que han aceptado la condena con penas inferiores a dos años de cárcel en todos los casos, además de multas e indemnizaciones, para así evitar la cárcel.
El encausado ha considerado indica al respecto que las penas contempladas por el Código Penal para estas situaciones y las peticiones “tan elevadas” en este caso en particular conllevan que "la propia opción de defensa jurídica se vea condicionada al tener que elegir entre un mal menor y un riesgo potencialmente mayor como el del ingreso en prisión”.
“Durante estos meses nos hemos visto amenazados con peticiones de pena de prisión de hasta tres años y nueve meses por participar en una concentración”, ha comentado, y se ha preguntado “con este coste represivo quién se va a atrever de aquí en adelante a enfrentarse a desalojos y desahucios de hogares”.
“Entendemos que la función de la represión, más allá de los casos particulares, es disciplinar, que las personas que se atreven a hacer frente al estado de las cosas se mantengan con miedo a actuar”, ha subrayado.
Y ha añadido que aquel día observaron desde el principio que la convocatoria de concentración fue respondida “con una presencia policial asfixiante, drones, helicópteros, numerosas cargas e identificaciones”, lo que finalmente se saldó con “muchísimas personas identificadas, varios heridos” y seis detenidos.
Ha indicado también que los seis arrestados tuvieron que pasar 24 horas en comisaría “sin ninguna justificación”, y ha criticado la “represión económica” en este caso, con “numerosísimas multas tanto a personas identificadas aquel día como a personas que ni siquiera identificaron”, algo que “está sucediendo durante los últimos años”.
Por todo ello ha situado lo ocurrido en un “contexto de ofensiva política y económica que se ha profundizado durante los últimos años” y que está derivando en que “la opción de la ocupación sea cada vez más restringida” y que las personas que buscan “abrir espacios y mantenerlos” sean “reprimidos con cada vez más intensidad”.
Por último ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para agradecer tanto a Erraki como a Errotxapeako Gaztetxea y diversas personas a título individual el apoyo que les han brindado durante estos meses.
