Pedro Sánchez sigue entregando a EH Bildu todo lo que le pide a cambio de que tanto él como María Chivite puedan mantenerse en sus respectivas presidencias y ostentar el poder.
El pago a los abertzales va a cuenta del acercamiento de terroristas asesinos de ETA a cárceles de Navarra y País Vasco, todo ello sin pedir perdón ni arrepentimiento y sin colaborar con la justicia.
Los socialistas siguen blanqueando a ETA y su siniestro pasado y ahora le ha tocado el premio al terrorista Javier Pérez Aldunate, que fue condenado por intentar matar al rey Juan Carlos con el disparo de un rifle.
De esta manera se allana la aprobación de los presupuestos de Navarra, gracias al apoyo con Bildu le brindará a María Chivite a cambio de todos los beneficios que los socialistas conceden a los criminales etarras. Hay que recordar que Chivite gobierna Navarra gracias a sus acuerdos con los proetarras, que se abstuvieron en su investidura a cambio de facilitar el olvido sobre el siniestro pasado de ETA-Batasuna-Bildu y de conseguir privilegios para los asesinos en prisión.
Javier Pérez Aldunate abandona de esta manera la prisión de Córdoba por Pamplona, donde cumple 20 años por atentado, asociación ilícita, depósito de armas o falsificación.
En su momento, la sentencia consideró probado que el etarra Pérez Aldunate recibió en abril de 2004 la orden de trasladarse a Palma de Mallorca para realizar vigilancia sobre los lugares frecuentados por el Rey durante su estancia en la Semana Santa. Finalmente, el etarra no pudo llevar a cabo el plan de la organización terrorista, al no recibir el arma con que perpetrar el asesinato del Rey.
En febrero de 2005 se tuvo conocimiento de que Pérez Aldunate ocupaba un inmueble en la calle Baledin Enbeitia de San Miguel de Basauri (Vizcaya), donde se hallaron numerosas armas, material para construir bombas, documentos falsos y papeles relacionados con la actividad del “comando Adur”.
Entre la documentación citada figuraban anotaciones sobre posibles objetivos de ETA, destacando entre ellas, por el avanzado estado de elaboración que presentaba, la información sobre el portavoz del PP en el País Vasco Leopoldo Barreda y sobre la comandancia de La Salve de Bilbao.
MÁS TRASLADOS
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este miércoles el traslado de otros dos presos de ETA, entre ellos uno con delitos de sangre, y la concesión de la semilibertad para otros dos.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que la "mitad del colectivo de presos etarras ha sido trasladado cerca de sus domicilios" por el Gobierno de Pedro Sánchez, ligando esto a la aprobación de los Presupuestos. Según sus cálculos, son ya 98 los acercados, lo que implica ya a la mitad de los 197 internos etarras, de los que 15 son a cárceles del País Vasco y Navarra. Además, se han aprobado 14 progresiones a tercer grado o régimen de semilibertad.
Entre los etarras de la última tanda de traslados se encuentra Aitor García Aliaga, que pasa de la prisión de Jaén a la de Burgos. Fue condenado en 2006 a 323 años de como autor del asesinato del militar Justo Oreja Pedraza y en 2004 a 83 años por el del policía Luis Ortiz de la Rosa.
Joseba Segurola Beobide también va a Burgos, en este caso desde la cárcel de Murcia I, después de ingresar en prisión en 2003 por una condena a 20 años por colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas.
Además, Prisiones ha aprobado la progresión al tercer grado de dos etarras, entre ellos Olatz Lasagabaster Anza, con delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas, pasando de Aranjuez a San Sebastián. El otro etarra es Patxi Uranga Salbide, también a la prisión de San Sebastián, y con una pena de 12 años por colaboración con banda armada y depósito de armas.
El anuncio se ha comunicado poco después de la comparecencia en el Congreso del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ha negado que existan "ni chantajes ni coacciones" en la decisión de trasladar a presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco.
En el recuento, inferior al que hacen las asociaciones de víctimas, se incluye en ambos casos traslados directos al País Vasco y Navarra, así como provincias limítrofes, sumando entre ellas Soria. Según Prisiones, serían 85 traslados en total si se contabilizan todos las provincias, además de las doce progresiones de grado para condenados por terrorismo de ETA, sin contar las comunicadas este miércoles.
Ante las críticas de PP y Vox, que ven el pago de un chantaje en esto, Ortiz ha defendido en su comparecencia que los traslados se realizan de acuerdo a la legislación penitenciaria y que "ninguna" de estas decisiones ha sido recurrida ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas.
