La Audiencia de Zaragoza juzgará del 12 al 19 de julio a los tres miembros de una banda de asaltantes que atrajo a sus víctimas al entorno del municipio de Pedrola mediante los anuncios publicados por una de las integrantes del grupo en la web de contactos Badoo que ofrecía relaciones sexuales.
Mediante este sistema, el grupo, liderado por un marroquí residente en la población de Pedrola de 35 años y su pareja, una mujer venezolana de 34, consiguió atraer a mediados de 2019 a tres hombres que eran citados en zonas alejadas de núcleos urbanos y conducidos mediante la falsa promesa de un contacto sexual a puntos despoblados para asaltarles con gran violencia.
En dos de los casos, las víctimas, un inmigrante rumano de 37 años y un vecino de Tudela de 59, consiguieron salvar sus vidas tras sufrir horas de terror y de violencia extrema a manos de sus asaltantes, la mujer que servía de cebo en Badoo y otros dos hombres.
Ambos fueron atados, introducidos por la fuerza en los maleteros de un vehículo, despojados de sus bienes, golpeados con violencia extrema para que les dieran las contraseñas de sus tarjetas de crédito y abandonados maniatados en descampados lejos de zonas habitadas.
Uno de los recuerdos más vívidos del vecino de Tudela, asistido por el letrado zaragozano José Cabrejas, son las palabras que profirió la mujer que le había captado cuando trataba de escapar maniatado y a pie en la oscuridad de la noche: "Mata a ese hijo de puta, que se escapa".
La tercera víctima, un vecino de Guecho (Vizcaya) que se había desplazado en un Mercedes rojo de alta gama para encontrarse con la mujer, que utilizaba nick como 'Daniela Mendoza' o 'Bella', no tuvo tanta suerte ya que su cadáver fue localizado semienterrado en un paraje casi desértico, con signos de violencia extrema y con tierra en los pulmones que evidenciaron que había sido enterrado aún con vida.
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del 20 de septiembre, siete días antes de ser encontrado el cadáver del vecino de Guecho, relacionaba ya los tres casos y apuntaba a que la prolongada desaparición de esta persona podría derivar en un asesinato.
El fallido intento de venta del Mercedes a través de la web Milanuncios.com e imágenes capturadas en cajeros que permitían observar un tatuaje en la pantorrilla de una persona que sacaba dinero con las tarjetas sustraídas pusieron la pista sobre el residente marroquí.
Las pesquisas culminaron el 3 de octubre de 2019 con las detenciones de los sospechosos, Mohammed Achraf y Hedangeline Candy Arrieta, en el almacén que se alojaban en la calle del Plátano en Pedrola, donde los investigadores hallaron restos biológicos del fallecido así como algunos de sus bienes.
A pesar de que la instructora sólo pudo identificar a uno de los presuntos colaboradores del grupo por su participación en el asalto a la víctima de origen rumano, en el auto de procesamiento se mostraba convencida de la participación de una tercera persona en el robo que terminó con el asesinato del vecino de Guecho.
Esta persona, que se encontraba en Pedrola de permiso penitenciario, reconoció que entró en el cajero con una braga que le cubría la cara para evitar ser reconocido para hacer un favor a su amigo marroquí, pero rechazó formar parte del grupo criminal autor de los asaltos y ser conocedor del origen de la tarjeta de crédito que utilizó.
Por estos hechos, el fiscal solicita penas que suman 58 años de prisión para la pareja e indemnizaciones de 4.700 euros para la primera víctima, de 17.000 para la segunda y de 120.000 para los hijos del asesinado, así como 16 años de prisión para el presunto cómplice.
El representante de la acusación particular en nombre de las dos víctimas que sobrevivieron, el letrado José Cabrejas, reclama penas que suman 18 años de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo, lesiones y detención ilegal, así como indemnizaciones por un total de 44.600 euros.
El abogado de la familia del vecino de Gexto asesinado pide a su vez para la pareja de acusados prisión permanente revisable por el asesinato, 6 años por detención ilegal y 2 más por estafa o robo, y una indemnización para los dos hijos de la víctima de 327.468 euros.
Por su parte, las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes al entender que no son responsables de los delitos imputados.
