• jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 18:52
 
 

EDUCACIÓN

A vueltas con la OPE educativa: la presidenta Barkos y el consejero Mendoza informarán en la Cámara sobre la sentencia del TSJN

Los regionalistas preguntarán si el consejero de Educación va a presentar su dimisión o si va a a ser cesado tras la resolución.

Parlamentarios de UPN, PP, PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda Ezkerra durante un pleno en el Parlamento de Navarra
El consejero de Educación, José Luis Mendoza, y la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en el Parlamento de Navarra.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el consejero de Educación, José Luis Mendoza, comparecerán en el Parlamento foral para informar sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anula 100 plazas en euskera contempladas en la OPE de personal docente no universitario.

La Mesa y Junta de Portavoces ha admitido a trámite dos solicitudes en este sentido presentadas por UPN y PSN, además de una pregunta de los regionalistas sobre si el consejero de Educación va a presentar su dimisión o si va a ser cesado tras esa resolución.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha reclamado a Barkos que explique de manera urgente cuál es su posicionamiento sobre la OPE, cómo va a resolver el problema creado por el departamento de Educación a las cien personas que en estos momentos trabajan como docentes y cuál es su situación tras la sentencia.

En relación con esta cuestión, EH Bildu preguntará en el próximo pleno al Gobierno cuándo va a interponer el recurso a esa sentencia y qué tipo de recurso.

Su portavoz parlamentario, Adolfo Araiz, se ha hecho eco de la preocupación de las cien personas que obtuvieron plaza en esa oposición y que ahora no saben que va a pasar con sus puestos como consecuencia de la decisión del sindicato AFAPNA de recurrir la OPE.

En este sentido Araiz ha sido crítico con el sindicato que, según ha dicho, ha actuado movido por su "animadversión hacia el euskera", y al que ha reprochado su posición de "tirar la piedra y esconder la mano queriendo quedar bien" al anunciar que no va a pedir la ejecución de la sentencia.

Araiz ha sido tajante al afirmar que si no pide esa ejecución de sentencia se por "el importantísimo aval económico que se le podía solicitar".

Y es que, según ha explicado, las ejecuciones provisionales exigen presentar un aval y cuando hay cien plazas de funcionarios de por medio y un procedimiento que puede durar años, si finalmente se le diera la razón al Gobierno "eso vale una pasta" y esa, ha concluido, "es la razón por la que no ha pedido la ejecución provisional".

 

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La Mesa y Junta han admitido también una pregunta del PPN sobre los planes del departamento de Educación respecto al campus de Tudela de la UPNA.

Además el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha avanzado que su formación va a preguntar al Gobierno sobre el calendario previsto para revertir los recortes en Educación, al igual que va a preguntar por el calendario para aplicar la ley foral de otras víctimas, en la parte en la que no está suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre los asuntos tramitados figuran también la comparecencia de la consejera de Desarrollo Rural, a iniciativa del Gobierno, para presentar el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

A la necesidad de que el Gobierno informe sobre esta cuestión ha aludido la portavoz de Podemos, Laura Pérez, quien además ha anunciado la presentación de una pregunta al Gobierno sobre un asunto que les preocupa como es el acuerdo alcanzado por la Mancomunidad de Residuos de la Ribera pro el recibirá 75.000 toneladas de residuos de Gipuzkoa.

La Mesa ha acordado la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la comisión de Régimen foral para presentar su informe especial sobre la acogida de personas refugiadas en Navarra.

Entre las mociones tramitadas figura una del PP que pide que se repruebe y cese a la consejera de Presidencia, Función Pública y Justicia por "poner en cuestión la acción judicial" y otra del PSN que insta al Gobierno a dar su apoyo y asesoramiento a las entidades locales para adaptar sus servicios tecnológicos a las obligaciones derivadas de la nueva legislación.


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