Los representantes legales del Grupo Volkswagen-Audi España están citados en la Audiencia Nacional para conocer su imputación por el trucaje de motores diésel.
Los representantes legales del Grupo Volkswagen-Audi España conocerán su imputación por el trucaje de motores diésel el martes en la Audiencia Nacional, después de que el Juzgado número 2 de Instrucción se haya declarado competente para investigar dicho fraude.
El titular del juzgado, Ismael Moreno, les ha convocado con abogado y procurador para informarles de los hechos que se imputan al Grupo, tras las querellas presentadas por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, la Asociación internacional Antifraude para la defensa de afectados por motores Volkswagen y otros, la Asociación de perjudicados por entidades financieras y la Asociación del defensor del paciente.
Estos colectivos han denunciado a los directivos del Grupo en España por delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la Hacienda Pública, además de por fraude, falsificación documental y publicidad engañosa.
La razón es que el Grupo Volkswagen ha reconocido que 9,5 millones de vehículos de las marcas Volkswagen, Volkswagen comerciales, SEAT, Audi y Skoda en todo el mundo tienen instalado en sus motores diésel EA189 Euro 5 un programa informático que, si está activado, altera las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando son sometidos a una inspección.
El escándalo estalló el pasado 18 de septiembre en EEUU, donde el consorcio reconoció que hay medio millón de unidades con el software activo.
En España, el grupo se está poniendo en contacto mediante correo electrónico con los 683.626 afectados para que a partir de enero pasen por el taller. Además tiene habilitado un teléfono gratuito donde se les informa.
De esos 683.626 perjudicados, 257.479 son clientes de Volkswagen, 221.783 de Seat, 147.095 de Audi, 37.082 de Skoda y 20.187 de Volkswagen vehículos comerciales.
Los vehículos que cuentan con el software son los que montan el propulsor diésel EA189 Euro 5 con cilindradas 1.2, 1.6 y 2.0 TDI y que equipan más de 30 modelos de las cuatro marcas.
En la investigación interna que está realizando el fabricante alemán para esclarecer la alteración de las emisiones de NOx ha encontrado que 800.000 vehículos en todo el mundo, de los que 80.000 son de gasolina, presentan irregularidades en materia de emisiones de dióxidos de carbono (CO2).
En el caso de España los vehículos con este problema ascienden a unos 50.000, por lo que la Asociación de perjudicados de entidades financieras ya ha anunciado que ampliará la querella contra Volkswagen a los vehículos de gasolina.
En el auto de diligencias previas del pasado 28 de octubre del juez Moreno, además de citar a los representantes, se pide al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información que haya reunido sobre los hechos investigados, incluido el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés) que destapó el caso.
También reclama al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los dictámenes periciales que haya realizado sobre los vehículos supuestamente manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.
Al Grupo Volkswagen le emplaza a que remita al juzgado la totalidad de los comunicados oficiales emitidos acerca del asunto, la relación de los vehículos afectados vendidos en España y la identificación a la empresa a la que encargó la fabricación del citado software.
El magistrado solicita, además, al consorcio alemán que le informe de las medidas adoptadas para subsanar el perjuicio causado y de las de control y supervisión que hubieran dispuesto para prevenir hechos parecidos.
