• jueves, 28 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

Solicitan la excarcelación de presos enfermos y mayores, grupos de "doble riesgo" frente al coronavirus

Una veintena de organizaciones se han unido para reclamar también al Ministerio del Interior que refuerce las plantillas sanitarias de las prisiones.

Una de las celdas de la cárcel de Estremera
Una celda de una cárcel. ARCHIVO

Una veintena de organizaciones sociales y de abogados han solicitado este lunes al Ministerio del Interior reforzar las plantillas sanitarias de las prisiones y la excarcelación "inmediata" de internos enfermos graves y de más de 70 años, al ser "un grupo con doble riesgo" ante el coronavirus.

Estas asociaciones, entre las que se encuentran la Asociación Salhaketa de Navarra, Red Jurídica, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, reclaman también esa medida para los presos preventivos, estableciendo otros tipos de controles si se considera necesario.

En un escrito presentado ante el Ministerio del Interior y la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, alertan de los efectos que el COVID-19 puede tener en una población "especialmente vulnerable", y reclaman que el aislamiento de los presos afectados se produzca en una instalación médica, y no en una celda.

Ante las restricciones impuestas en las visitas a las prisiones, solicitan la gratuidad de las llamadas telefónicas extras, incrementar las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios, e instalar un sistema de videollamadas.

Se trata, señalan las organizaciones, de "adoptar medidas urgentes que eviten, por un lado, la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y que, por otro, garanticen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

En el escrito remitido a la administración penitenciaria se advierte de que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un “servicio médico inadecuado dentro de prisión puede llegar a constituir un trato inhumano o degradante”.

Por ello, señalan que “pueden darse situaciones en las que la correcta administración de la justicia penal requiera la adopción de medidas humanitarias tales como la excarcelación o la detención domiciliaria”.


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