Han presentado una instancia al Gobierno foral para que el edificio no se construya en la calle Elizmendi, donde denuncian que tendría graves incidencias en el tráfico.
Más de 400 vecinos de Sarriguren han trasladado al consejero de Educación un escrito solicitando la “suspensión de todo acuerdo municipal que conlleve la cesión de las parcelas de la calle Elizmendi” para la construcción del nuevo instituto de la localidad.
Han presentado así una instancia dirigida al consejero José Luis Mendoza. En primer término ya llevaron al Ayuntamiento del Valle de Egüés su instancia, donde la agrupación vecinal que ha suscrito el texto denuncia que la mayoría del pleno municipal, dirigido por Geroa Bai, ha "desoído" sus peticiones.
La intención del consistorio de construir el nuevo centro académico en las parcelas recreativas de Elizmendi, situadas en el extremo opuesto a donde el PSIS de Sarriguren contempla el resto de dotaciones escolares, ha generado una gran preocupación en los vecinos.
En el escrito, los vecinos firmantes solicitan la suspensión del proyecto en Elizmendi “en tanto en cuanto no quede demostrada la seguridad de las personas y a su vez preservado el derecho de participación ciudadana” que consideran les corresponde por ley.
Piden “informes exhaustivos que evalúen las posibles repercusiones sobre el tráfico ya que las calles Uralar y Elizmendi, ubicadas junto a la parcela donde se levantaría el instituto, son sólo de un solo carril y único sentido de circulación y funcionan como únicas vías de evacuación para siete manzanas residenciales de la zona suroeste de Sarriguren, con una flota estimada de 1.500 vehículos. Denuncian que la situación podría desembocar en más atascos de tráfico.
PRESUNCIÓN DE QUE LOS ALUMNOS ACUDIRÁN A PIE O EN BICI AL CENTRO
En un comunicado, los vecinos señalan que desde el Ayuntamiento les han facilitado un informe del jefe de Policía Local, que justifica la actuación pero que "no tranquiliza a los vecinos". Advierten que el punto de partida no es válido “al contemplar exclusivamente la situación más favorable”. Según comunican los vecinos, el informe recoge que los 1.080 estudiantes que acudirán al instituto lo harían a pie o en bicicleta, y que en ningún caso coincidirán las horas de entrada y salida del instituto con el Colegio Maristas o los dos colegios públicos, algo que consideran “paradójico”, ya que “sobre esta cuestión las comunidades educativas de cada centro tienen voto”.
Los vecinos reunidos consideran que el informe les ha “dado la razón”, puesto que “aún desde ese contexto tan curiosamente favorable”, la Policía Local recomienda actuaciones en viales y rotondas. Los vecinos reclaman informes “apoyados en datos realistas y con perspectiva de medio y largo plazo”.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los vecinos exponen en su escrito que “es público y notorio” que “Educación ha solicitado al Ayuntamiento del Valle de Egüés una parcela de 13.000 metros cuadrados libre de cargas”, y recuerdan que “ninguna de las tres parcelas recreativas de la calle Elizmendi” tiene dicha superficie. Dos calles separan las tres parcelas, por lo que la eliminación de alguna de las dos calles “requiere del correspondiente trámite de adecuación urbanística”.
Consideran que la Ley Foral 5/2015, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, les otorga derecho de participación vecinal previo, y denuncian que “ante un supuesto inicio de las obras por fases” “se estaría usurpando a la ciudadanía su derecho de participación”, puesto que esta participación “ya no podría producirse sino a posteriori del inicio de las obras de construcción del instituto”.
URBANISMO SOSTENIBLE PARA SARRIGUREN
Los vecinos exigen “una mejor ubicación para nuestro instituto, en viales principales, bien planificado, bien comunicado, garantizando todos los posibles accesos y la menor afección al ya suficientemente colapsado tráfico de la localidad”.
Consideran que Sarriguren merece un mejor urbanismo y que “la ubicación de nuestro instituto cerca de nuestros colegios públicos ya existentes daría pie a sinergias de proximidad”, facilitaría la “conciliación” de las familias con hijos al mismo tiempo en Educación Primaria y Secundaria, y "optimizaría los recursos públicos tales como biblioteca, salón de actos, gimnasio o comedor”, además de facilitar cualquier posible reconversión en el futuro.
