• sábado, 18 de septiembre de 2021
  • Actualizado 07:24

 

 
 

SOCIEDAD

UGT denuncia la suspensión del transporte para personal de centros ocupacionales

La carencia de servicio de transporte a estos polígonos afecta a un total de once empresas y a unas 500 personas

Las nuevas medidas por la segunda ola del coronavirus afectan al uso del transporte publico en la Comunidad Foral. MIGUEL OSÉS
Una mujer en un viaje en autobús. MIGUEL OSÉS

La Federación de Servicios Públicos de la UGT ha denunciado que, dentro de las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, se han suspendido los servicios de transporte para el personal que trabaja en los centros especiales de empleo, centros ocupacionales y empresas de inserción socio laboral.

Esto, según subraya en un comunicado, ha agudizado las dificultades que ya padecen las personas que trabajan en este sector.

El sindicato señala que el motivo alegado por las empresas para tomar esta medida es la necesidad de mantener la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias, siguiendo las recomendaciones que los servicios de prevención han propuestos para estos centros de trabajo.

Para la UGT, esta decisión "ha dejado al descubierto una carencia evidente en los servicios de transporte público de la Comarca de Pamplona, que se puede producir igualmente en otras zonas".

En el caso de la Comarca de Pamplona, los centros de trabajo afectados se encuentran en el polígono Noain-Esquíroz, en el polígo Elorz de Noain y en el polígono Errekaldea de Beriain.

La carencia de servicio de transporte a estos polígonos afecta a un total de once empresas y a unas 500 personas con discapacidad que deben trasladarse diariamente a ellas para trabajar.

A la dificultad de desplazamiento con que se encuentran estas personas, dada la distancia existente entre las paradas de villavesas y sus empresas, se suma, advierte el sindicato, "el gasto económico que les origina tener que pagar por los desplazamientos, que hasta ahora corrían a cargo de las empresas".

Por todo ello, reclama a la Administración foral, a las administraciones locales y a los responsables de la gestión del Transporte Urbano Comarcal que "atiendan las necesidades de este colectivo tan sensible, que no ignore sus derechos y que contribuya a su integración, tal y como demanda la legislación vigente".


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