El sindicato critica que este problema se debe a la decisión de Educación, tomada "de manera precipitada y sin negociación alguna".
UGT ha expresado su "apoyo" al posicionamiento del Parlamento de Navarra a favor de una moratoria de al menos dos años para que los interinos docentes puedan acreditar el requisito de formación pedagógica y didáctica (Máster Universitario en Profesorado, antiguo CAP), "sin ser apartados de su puesto de trabajo que, en muchos casos, llevan años ejerciendo".
En un comunicado, el sindicato ha considerado que "el problema al que se enfrentan cientos de interinos, y los once que reconoce Educación, está en la decisión adoptada por el departamento de manera precipitada y sin negociación alguna con las fuerzas sindicales".
Según ha expuesto, "el riesgo de quedarse sin trabajo en este próximo curso no solo afecta a docentes que llevan mucho tiempo ejerciendo su labor en los centros, sino incluso a quienes se han incorporado este curso y el pasado para cubrir las necesidades profesionales que tenía el departamento de Educación, sin que éste les informara de los requisitos exigidos para continuar ejerciendo más allá del año 2017, como hubiera sido lógico".
El sindicato ha remarcado que Educación "tiene el encargo de adecuar los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, pero que a día de hoy los cursos que realiza la UPNA son insuficientes, mientras que se han incrementado en 300 la solicitudes para realizarlos en la universidad privada".
Por todo esto, UGT ha reclamado la convocatoria de una mesa sectorial para "buscar fórmulas y alternativas negociadas a este problema" y ha avanzado que realizará una propuesta para que "aquellos docentes que estando activos en el presente curso estén realizando el máster o lo realicen a lo largo del próximo curso 2017 / 2018, no sean excluidos de las listas como no disponibles".
En este sentido, el sindicato ha defendido que "si se ha podido ampliar el plazo hasta agosto, para aminorar la lista de posibles excluidos, de la misma forma se puede incrementar varios meses más, como ha hecho el Gobierno de Navarra en otros ámbitos".
