Este viernes fueron trasladados a las cárceles de Pamplona y Zaballa (Álava) los presos Iñaki Abad y Oihan Arnanz.
Los jóvenes Iñaki Abad y Oihan Arnanz, condenados junto a otras siete personas por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, han sido trasladados desde Madrid a las cárceles de Pamplona y Zaballa (Álava).
Según han informado sus familiares en su perfiles de la red social Twitter, el traslado se efectuó este viernes, en el caso de Abad a la capital navarra y en el de Arnanz, a la prisión de Vitoria.
De esta manera, los siete condenados a penas de 9 y 13 años de cárcel por la agresión a los guardias civiles y a sus parejas en octubre del 2016 se encuentran ya en establecimientos penitenciarios próximas a sus domicilios, algunos en Navarra y otros en el País Vasco, y sigue en libertad provisional una joven con una condena inferior.
Los familiares han mostrado además en Twitter su malestar después de conocer el viernes por un preso de la prisión de Estremera (Madrid) que Jokin Unamuno había sido trasladado a la cárcel de Álava cuando había solicitado la de Pamplona.
Al parecer, según les han informado, se ha debido a un "error administrativo o a una confusión con los papeles de traslado", una situación que los familiares de los presos califican de "surrealista".
No obstante, las familias de los condenados han mostrado este sábado su alegría por el hecho de que todos ellos se encuentren ya en prisiones cercanas a sus domicilios, aunque su objetivo es verlos "en casa, libres".
"REALIDAD DOLOROSA, PELIGROSA Y SANGRANTE"
Altsasuko gurasoak ha calificado de "realidad dolorosa, peligrosa y sangrante" el tiempo que han vivido sus hijos en "situación de alejamiento y dispersión", tres de ellos un año y nueve meses, y los otros cuatro, durante 4 meses.
Finalmente, el viernes concluyeron los traslados a cárceles de Navarra y el País Vasco, poniendo fin "a un castigo añadido" que "debe desaparecer", dicen, y recuerdan que el acercamiento responde a "la aplicación de la regla general derivada de la Ley General Penitenciaria de que los presos, siempre que sea posible, deben estar en cárceles cercanas a su lugar de domicilio".
Conseguido el acercamiento, a partir de ahora, precisan, van a centrar sus esfuerzos "en conseguir la libertad" de sus hijos, al entender que "la aplicación de la prisión preventiva" en su caso, ya que está recurrida la sentencia, supone "la utilización torticera de una medida cautelar como castigo añadido".
Tras subrayar que lo vivido hasta ahora es "una clara demostración de la desproporción" y "la concreción de la injusticia", porque "una justicia que no es proporcional es injusta", Altsasuko gurasoak sostiene que mantener en prisión a los procesados aunque no haya sentencia firme "muestra el carácter vengativo de todo este proceso".
EL CAMINO A SEGUIR
En el lado positivo, los familiares de los condenados se han referido a las muestras de solidaridad recibidas desde distintos puntos de España, una sociedad a cuya fuerza han indicado que seguirán apelando.
Y en este sentido, han comentado que están a la espera de la resolución de la sala de la Audiencia Nacional por el recurso a la sentencia, de forma que los hechos irán "marcando el camino a seguir, Tribunal Supremo, Constitucional y Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta conseguir la libertad".
