La Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET) y la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) han pedido al Gobierno foral que "no se ponga en juego la supervivencia de 10.000 familias que viven del transporte" y han defendido que "la reactivación de Navarra no puede ser discriminatoria e insolidaria".
Así se han pronunciado ANET y Tradisna en relación al principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno de Navarra y la mayoría de grupos parlamentarios para financiar y mejorar las carreteras, que incluye la implantación de peajes para camiones en varias vías.
En un comunicado, ambas asociaciones han remarcado que "el transporte dice sí a la mejora de carreteras, pero sin discriminación". "La mejora de las infraestructuras y vías de comunicación de Navarra es de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad porque todos los navarros somos usuarios de las mismas y contribuimos con nuestros impuestos a su mantenimiento y desarrollo", han destacado.
En este sentido, ANET y Tradisna han valorado "positivamente" que "por fin los poderes políticos y el Gobierno de Navarra aborden de manera urgente la mejora de carreteras, las cuales han estado muy abandonadas en los Presupuestos de Navarra desde hace más de una década y necesitan imperiosamente una decidida política de inversión global".
"En el proceso de reactivar Navarra, nuestro sector es consciente de la relevancia estratégica esencial que nuestros servicios tienen para todo el tejido social y económico de nuestra Comunidad", han remarcado.
Según han indicado, "así lo hemos demostrado en la actual crisis provocada por la pandemia del Covid-19, en la que el esfuerzo de todos los transportistas ha sido generoso aliviando el confinamiento de la sociedad a través del abasteciendo los mercados de alimentación y farmacias, llevando hasta sus casas los envíos, y en el reparto, en muchas ocasiones gratuito, de mascarillas".
Sin embargo, desde ANET y Tradisna han advertido de que "si no queremos que ocurra en Navarra lo mismo que en País Vasco, esta reactivación no puede sentarse sobre unas bases discriminatorias e injustas".
"El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco daba nuevamente la razón al sector del transporte de mercancías por carretera anulando el cobro de peajes en la A15 y NI en Guipúzcoa (peajes como los que quieren establecer en Navarra) por considerarlo discriminatorio y, por tanto, disconforme a Derecho, condenando en costas a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de dicha comunidad", han recordado.
En su opinión, "con estos antecedentes, no nos parece prudente que el Gobierno de Navarra trabaje sobre una base de inseguridad jurídica".
En este sentido, ANET y Tradisna han abogado por "una absoluta transparencia en la toma de decisiones del Gobierno de Navarra y de sus apoyos parlamentarios para abordar de manera conjunta la mejor solución posible".
"Desconocemos los datos reales sobre los que se basa la intención del Gobierno, tanto de volumen de tráfico real, como de previsión de ingresos, el destino final de los mismos, el coste que generará la implementación del sistema de control de peajes, así como los gastos de constitución y funcionamiento de la sociedad pública que se va a crear a tal efecto", han indicado.
Según han expuesto, "no sabemos realmente cómo obtiene el Gobierno de Navarra sus cálculos ni qué indicadores los soportan". Y han afirmado que "en la única reunión que ambas entidades hemos mantenido con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, el pasado 15 de mayo, éste tan sólo nos expuso sus intenciones, sin abrir ninguna opción de escuchar las propuestas de nuestro sector".
"Aun así, queremos creer al consejero en las declaraciones que realizó este miércoles pasado, y en las que habla de abrir un diálogo que, hasta fecha de hoy, no ha existido realmente", han expuesto.
Desde ANET y Tradisna han asegurado que "nosotros sí apostamos por la interlocución directa, no sólo con el equipo de Gobierno sino también con todas las formaciones políticas, porque desde la transparencia, el conocimiento de los datos reales, de las diferentes opciones, de los casos de éxito europeos y también desde los fracasos que existen (casi todos los países europeos no centrales, periféricos, están desechando este tipo de iniciativas, caso Francia e Italia), podemos llegar a una solución de consenso en la que todos los ciudadanos navarros no se vean afectados negativamente con este tipo de decisiones".
"No podemos permitirnos poner en juego la supervivencia de 10.000 familias que viven del transporte en Navarra, además de las consecuencias derivadas también en otros sectores", han subrayado las asociaciones de transportistas.
A su juicio, "la reactivación de Navarra no puede ser discriminatoria e insolidaria" y han advertido de que "el sector del transporte sale muy debilitado de esta crisis y están en riesgo miles de puestos de trabajo".
Por todo esto, han reiterado "una vez más" su disposición a "un diálogo transparente y a una búsqueda de soluciones que no perjudiquen a toda la ciudadanía navarra y que no ponga en riesgo la destrucción de empleo en el sector del transporte".
