El Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UPNA ha denunciado en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra recibir “un trato discriminatorio” al ser el “único” grupo que no ha cobrado los retrasos derivados de la aplicación que reconoce el derecho al complemento de grado.
Emiliano Garin, representante de los trabajadores de la universidad, ha apuntado que tampoco han cobrado los atrasos del proceso de encuadramiento de los colectivos de nivel E y D, mientras sí se han aplicado al personal de la administración foral. Esta situación afecta a entre 250 y 300 personas.
Garin ha recordado que “la Ley Foral 11/2009 de la administración foral sitúa a la UPNA en el sector institucional foral” y ha recordado que desde 1994 se firmó en la mesa sectorial un documento por el que se adoptaban las medidas necesarias para equiparar al PAS con los puestos similares de funcionariado de Gobierno de Navarra.
Ha apuntado que este derecho, reconocido por el Tribunal Europeo de Justicia, por lo que se trata de un asunto que “escapa a la decisión de la UPNA” y por tanto debe contar con una dotación presupuestaria por parte del Gobierno de Navarra.
Por su parte, Augusto Paredes ha pedido que les abonen los atrasos que les deben, “lógicamente con los intereses que reconoce la sentencia”, al tiempo que ha añadido que hasta ahora han tenido “una oposición responsable y no se han convocado concentraciones”.
También han mostrado “proactividad” al proponer en diciembre de 2020 que el abono de los retrasos se produjeran al 50% en 2021 y otro 50% en 2020, “aunque esto perjudica a los trabajadores fiscalmente” y ha denunciado que “aún y todo recibimos un no por respuesta”.
“Si no hay un cambio urgente y radical la alternativa será iniciar una campaña de reclamaciones en la que se pida la deuda y el pago de intereses correspondientes, y además se condene en costas a la universidad”, y ha recordado que este supuesto “no es una quimera, sino que ya se ha dado” fruto de la denuncia de un trabajador al que le fueron reconocidos sus derechos por sentencia firme.
En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, desde Navarra Suma, Ángel Ansa ha señalado que “es un derecho de los trabajadores” surgido a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia “que establecía que debían cobrar ese complemento de manera retroactiva”.
Ha pedido al Gobierno que se siente con la UPNA y "dote a la universidad de la financiación adecuada para hacer frente a esos pagos”, estimados en unos 2,5 millones de euros.
Desde PSN, Javier Lecumberri ha reconocido que se trata de una petición “justa y legal” y ha recordado que el año pasado se abonaron “los 72 millones de euros de atrasos al conjunto de trabajadores en la misma situación”, que fue seguido de la crisis del coronavirus. Esta situación ha hecho que “se retrasen algunas cuestiones que, no por ello dejan de ser justas”, ha finalizado.
Por Geroa Bai, María Solana ha apuntado que “ha de hacerse lo que esté convenido” y ha señalado no entender por qué, si PSN está de acuerdo, no se abona porque “estamos ante un retraso de difícil justificación”.
Desde EH Bildu, Txomín González ha recordado que se ha tenido que ir “hasta Europa a conseguir unos derechos que en esta tierra se nos han negado porque tenemos unos tribunales que no respetan los derechos de los trabajadores”.
