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Un sindicato navarro pide que "se termine cuanto antes con la alta temporalidad" en la Administración foral

CCOO ha exigido al Gobierno central que "rectifique años de recortes para las plantillas de las administraciones públicas y anule los límites legales establecidos".

Una oficina de Hacienda con trabajadores públicos. ARCHIVO
Una oficina de Hacienda con trabajadores públicos. ARCHIVO  

CCOO ha pedido que "se termine cuanto antes con la alta temporalidad en las administraciones públicas" y, en este sentido, ha solicitado al Gobierno central que "elimine la limitación legal para la contratación de personal público".

En un comunicado, el sindicato ha remarcado que, según el informe de la Cámara de Comptos sobre las cuentas generales de Navarra, la temporalidad en el Gobierno foral "alcanza ya el 48%, cifra que no para de crecer en los últimos años".

Según ha indicado CCOO, "si la temporalidad general en la Administración foral fue en 2018 del 48%, resulta aun más llamativo si analizamos los datos por departamentos ya que en educación fue del 47%, en salud del 57% y en la administración núcleo del 29%". "En aquellos departamentos que prestan un servicio esencial la temporalidad es más alta", ha subrayado.

En su opinión, "es alarmante que las administraciones públicas, en un clima social delicado, fomenten la mala calidad del empleo". Y ha criticado que "quién debería ser ejemplo en buenas prácticas, realiza una política de contratación injustificable".

"Si en el conjunto del mercado laboral la temporalidad fue del 24% en el último trimestre del 2018, en el caso de la administración esa cifra se multiplica por dos", han censurado desde el sindicato.

Por todo esto, CCOO ha exigido al Gobierno central que "rectifique años de recortes para las plantillas de las administraciones públicas y anule los límites legales establecidos".

El sindicato ha recordado que "en marzo de 2017 y marzo de 2018, CCOO llegó a sendos un acuerdos con el gobierno estatal para reducir la temporalidad por debajo del 8% en las administraciones públicas", acuerdos que, según ha indicado, "no terminan de desarrollarse y que permitiría estabilizar el empleo público".

"La defensa del empleo en los servicios públicos y la de los derechos del personal que los presta es un asunto fundamental, en el que las propias administraciones deberían ser un ejemplo", ha concluido.


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