La ONG SOS Racismo Navarra ha comparecido en el Parlamento foral para informar del último estudio realizado en torno al racismo en Navarra y ha concluido que las medidas contra la Covid-19 “han dejado fuera a la población migrada”.
Desde la ONG, Beatriz Villahizán ha alertado de que la crisis del coronavirus “no tardó en traducirse en una crisis social y económica” y su gestión “ha puesto de manifiesto la desigualdad en el reparto de riquezas y de derechos”.
A pesar de que se dijo en su momento que “el virus no diferenciaba fronteras, clases y personas, se ha visto que las medidas dejaron y siguen dejando a sectores de la población fuera con discriminaciones directas e indirectas”.
Asimismo, ha aseverado que el racismo estructural agrava los efectos de la crisis para personas migradas y racializadas y ha llamado a las instituciones a que “garanticen la igualdad de derechos en estos tiempos de pandemia, máxima vulnerabilidad y vulneración de derechos”.
En el año 2020, la ONG ha tenido 62 actuaciones, con 104 casos derivados de discriminaciones estructurales que se viven en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la protección social, ha citado Villahizán.
Ha apuntado que la solución pasa por “regular el problema estructural, que es partir de una desigualdad de acceso a derechos, bienes y servicios” que para la organización “deberían estar garantizados en igualdad de condiciones para todas las personas”.
Por su parte, ha apuntado que los datos dan reflejo de los hechos discriminatorios “más frecuentes” pero ha advertido de que “nunca podremos saber qué aspectos se ven más afectados o condicionados”.
Asimismo, ha alertado de que parte del racismo “se ha normativizado” y que se ve “de forma clara” en la gestión de las políticas migratorias, cuyo eje es el cierre y externalización del control de fronteras, algo que “genera diferentes categorías de ciudadanía y de no ciudadanía también”.
Ha aseverado que “no tener en cuenta los procesos migratorios, su diversidad y las causas profundas fomenta, alimenta y naturaliza el racismo”, por lo que ha dicho que “no es suficiente con no ser racista, sino que hay que ser antirracista”, así como incentivar la promoción de la igualdad para acabar con la discriminación racial “de forma efectiva y eficaz”.
Por su parte, Ebru Döne Ergündüz Göker ha pedido que se flexibilicen derechos y ha denunciado que ha habido “dificultades para el empadronamiento, problemas en la apertura de cuentas bancarias y barreras idiomáticas” para la gestión de ayudas.
Ha denunciado asimismo que ha habido una situación de “arbitrariedad” en la discriminación y por ello ha pedido un protocolo común para servicios sociales y ha señalado que es necesario “ampliar derechos y afianzar los mecanismos de protección social”.
Ha solicitado asimismo políticas de regularización de los precios de alquiler, así como ampliar el parque de vivienda de alquiler público.
La paralización de los trámites administrativos de los permisos de residencia, ha aseverado, ha llevado a que “haya aumentado la vulnerabilidad jurídica” de las personas migradas, que se suma al control “de cada día” que sufren en sus movimientos en controles policiales.
En estos controles “las personas migradas tienen más posibilidades de ser identificadas”, ha apuntado.
Por último, han pedido habilitar mecanismos para detectar y reparar de situaciones de discriminación “en todos los ámbitos de la estructura social y política”.
