EDUCACIÓN

Solana se lava las manos y dice que Asirón tenía "autonomía" para imponer el euskera en las escuelas

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra aseguró que el Ayuntamiento de Pamplona "vulneró el régimen competencial establecido".

La consejera de Educación, María Solana, en una intervención parlamentaria. IÑIGO ALZUGARAY
La consejera de Educación, María Solana, en una intervención parlamentaria. IÑIGO ALZUGARAY  

El Gobierno cree que no se requería autorización alguna de la Administración para reestructurar la oferta de plazas según modelos lingüísticos en las Escuelas Infantiles públicas para el curso 2016-2017, pues la normativa foral establece la "autonomía pedagógica y de gestión" de dichos centros.

Así lo ha manifestado la consejera de Educación María Solana durante su intervención en comisión parlamentaria, a la que ha acudido a petición de UPN para manifestar su opinión sobre la sentencia por la que se desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pamplona contra la sentencia "por el cambio forzoso al modelo de euskera de varias escuelas infantiles de Pamplona".

En dicha resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se ratifica en su primer fallo y destaca que se trataba de "un cambio en la ordenación y planificación de la oferta educativa" y "no una mera reestructuración" como sostenía el consistorio.

Además, considera que "se vulnera el régimen competencial establecido" por "no contar con la autorización de la Administración foral" al modificar el régimen de enseñanza del vascuence, pues este tipo de cambios son "competencia exclusiva" del Gobierno de Navarra y su Departamento de Educación.

Sobre este aspecto, Solana ha asegurado que el artículo 20 del Decreto Foral 28/2007 "establece la autonomía pedagógica y de gestión de los centros, que se concreta en un proyecto educativo y de gestión que excluye cualquier intervención del departamento de Educación" que no sea el servicio de inspección.

Además, ha considerado que dicha sentencia "confunde unidades con plazas" y que "entiende que se está ante la implantación de un modelo cuando ello no es así", ya que no se contempla la aprobación de planes ni programas.

"El argumento del modelo lingüístico no es de aplicación en el primer ciclo de Educación Infantil", ha advertido la consejera, que ha explicado que en esta etapa "no existe un modelo lingüístico como tal, pudiéndose hablar solo de plazas en las dos lenguas propias de Navarra".

Solana, que ha precisado que son los centros privados los que requieren de un "régimen autorizatorio propiamente dicho", ha remarcado que para los centros públicos no se establece la necesidad de autorización previa alguna por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra, sino únicamente un procedimiento para su creación.

"En supuestos como el que nos ocupa, no consta autorización previa alguna a ninguna entidad local con anterioridad a dictarse la sentencia", ha matizado, tras garantizar que "se ha procedido como siempre se ha procedido".

En este sentido, ha asegurado que "el departamento de Educación cumplió con su parte de competencia" y que el Gobierno de Navarra "no tuvo nada que ver con esa toma de decisiones".

El regionalista Alberto Catalán ha calificado el hecho como "un atropello inexplicable por parte del Ayuntamiento", ya que "ni el fondo ni las formas fueron las adecuadas".

"Tendrán que acatar la sentencia y cejar en su empeño de defender lo indefendible", ha advertido Catalán, que ha pedido a la consejera que "reconozca la verdad", pues "el departamento, una vez más, se lavó las manos".

En nombre de Geroa Bai, la parlamentaria Isabel Aranburu ha trasladado que "la autorización implícita" del Ejecutivo "estaba dada" porque éste "tenía conocimiento" de lo que se estaba llevando a cabo.

"El departamento no vio ninguna objeción ni puso reparo alguno a la decisión del Ayuntamiento de Pamplona", ha reivindicado, tras discrepar de la interpretación que hace la sentencia sobre la obligatoriedad del citado trámite de autorización por considerar que "va contra la autonomía municipal".

La parlamentaria de EH Bildu, Esther Korres, ha mostrado "total respeto" por la sentencia, aunque no la ha compartido. Además, ha añadido que los servicios jurídicos del consistorio están analizando la vía "más adecuada para continuar" y que también respetará la decisión que se adopte.

El popular Javier García ha aseverado que la sentencia "es clara y no deja dudas", por lo que "lo único" que puede hacer la consejera es "acatar en exclusividad" lo que se recoge en la misma y "no perder tiempo en justificar algo que está más que claro".


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