• viernes, 19 de abril de 2024
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SOCIEDAD

Multan a un municipio de la Ribera por la expulsión "ilícita" de un vecino senegalés

Recuerdan que fue citado por el Consistorio para una cuestión relacionada con su empadronamiento, detenido, trasladado a dependencias policiales y expulsado a su país de origen.

Calle Sancho VII el Fuerte Ribaforada.
Una calle de Ribaforada. ARCHIVO

Senegaleses de la Ribera, Médicos del Mundo, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo valoran que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya impuesto una sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Ribaforada por actuar con "falta de lealtad" y de forma "ilícita" en la expulsión de Modou Khadim Sow.

Estas ONG recuerdan que este ciudadano senegalés fue citado por el Consistorio para una cuestión relacionada con su empadronamiento, detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de Policía Nacional y expulsado en menos de 48 horas a su país de origen.

"Una actuación perversa, injusta e ilegítima, que tuvo un impacto sobre toda la sociedad al convertir a una entidad local en cómplice directa de uno de los mecanismos más atroces del racismo institucional, como son las expulsiones exprés", afirman en un comunicado.

Y añaden que "la versión del Ayuntamiento nunca fue creíble" ya que el alcalde la "defendía amparándose en la colaboración con otra administración" cuando "en ningún caso" podría considerarse así "sino todo lo contrario", ya que "frente a leyes tan injustas como la de Extranjería no cabe colaboración alguna que no vulnere de manera directa o indirecta derechos fundamentales de las personas".

Por eso se preguntan qué va a hacer ahora el Ayuntamiento y si "el Gobierno va a mantener en su puesto político" al alcalde, al que, "a pesar" de su proceder, nombró director general de Administración Local.

"Nuestros pueblos y barrios siguen plagados de fronteras invisibles en forma de controles de identidad racistas", dicen, y añaden que "las diversas policías presentes en Navarra siguen entregando citaciones trampa, ejerciendo un control social a través de la discriminación y el miedo a la detención y/o deportación, mecanismos de violencia institucional con los que se pretende justificar la vulneración de derechos".

Por eso reclaman "la igualdad de derechos y el reconocimiento pleno de la diversidad como la base sobre la que construir una sociedad en la que todas las personas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida desde la dignidad" y hasta entonces afirman que seguirán construyendo "redes de solidaridad y apoyo mutuo como alternativa a un sistema centrado en categorizar personas y mantener privilegios".


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