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EMPLEO

Sindicatos de residencias piden una ley para mejorar sus condiciones y reclaman implicación política

Las trabajadoras se encuentran en movilizaciones desde hace meses y el jueves han convocado una jornada de huelga en la Comunidad foral.

Una residente de la Residencia de Mayores Pablo Neruda (C/ Santa Clara, 1, Ciempozuelos, Madrid) escucha la actuación musical de la canción “Contigo aprendí…” realizada por las  periodistas y cantantes Candela Palazón y Celia Blanco, durante el "Día de los Mayores", una celebración convocada por la Asociación de Víctimas del COVID-19. En Ciempozuelos, Madrid (España) a 28 de junio de 2020. Durante este día también se reparten regalos benéficos en las residencias en lotes de productos.

28 JUNIO 2020 MAYORES;ANCIANOS;CORONAVIRUS;MASCARILLAS

28/6/2020
Una residente de un centro de mayores. EUROPA PRESS

Los sindicatos ELA, UGT, LAB y CCOO han reclamado este martes la aprobación de una ley "con partida presupuestaria suficiente" para mejorar las condiciones de las trabajadoras de las residencias de mayores y han reclamado además al Parlamento de Navarra que "se implique" en la creación del primer convenio para el sector.

Los cuatro sindicatos han comparecido en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, a petición PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, para informar sobre el desarrollo de las negociaciones del convenio del sector, en el que trabajan unas 4.500 personas, el 90% mujeres, en más de 70 residencias de Navarra. ELA, UGT, LAB y CCOO han destacado la importancia de este convenio, que sería "la tercera pata de servicios sociales", tras los convenios firmados en el sector de discapacidad y en el de intervención social.

El representante de ELA, Josetxo Mandado, ha afirmado que la negociación comenzó en el mes de mayo y "en la actualidad seguimos en el mismo punto de partida, sin ningún tipo de avance por parte de las patronales, que tienen poca o nula voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo".

Las trabajadoras se encuentran en movilizaciones desde hace meses. Este mismo martes se han concentrado frente al Parlamento y el jueves han convocado una jornada de huelga. "ELA, UGT, LAB y CCOO apoyamos desde el principio hasta el fin a las trabajadoras y no pararemos hasta la firma de un convenio justo que dignifique el sector", ha asegurado el representante de ELA.

Josetxo Mandado ha afirmado que "las condiciones laborales del personal que presta su servicio en la Administración a través de la subcontratación o la licitación de servicios es responsabilidad de la Administración". "Se trata de servicios públicos que se pagan con dinero público, la Administración no puede desentenderse y es que además éste no es el modelo de cuidados que queremos para Navarra", ha afirmado.

El representante sindical ha afirmado que "el convenio regularía el sector, ya que igualaría las condiciones laborales de todas las plantillas y garantizaría las mejoras laborales provenientes de convenios o pactos ya firmados o en aplicación". "Por eso planteamos que el convenio sea obligatoriamente de mínimos en los conciertos del Gobierno, que se refleje en los pliegos la obligación de aplicar este convenio", ha asegurado.

Josetxo Mandado ha subrayado que "la realidad de las trabajadoras es tan dramática, tan triste, que hay diferencias de un 30% de salarios y 100 horas de trabajo más de una trabajadora a otra, algo que se debe a la desregulación del sector". "Es muy poco coherente considerar a estas trabajadoras esenciales y a la vez obligarles a realizar su labor en condiciones precarias", ha indicado.

La portavoz del PSN, Nuria Medina, ha compartido con los sindicatos que este convenio "se debe dignificar, pero no compartimos la manera de hacerlo". "Habéis hablado de una ley y nosotros creemos que la forma de hacerlo es un convenio sectorial que debe ser negociado por patronal y sindicatos y el Gobierno de Navarra debe estar como parte e impulsor", ha dicho, defendiendo además la labor que está desarrollando el Ejecutivo, señalando que "si algo hay que reseñar es que esta legislatura se está apostando firmemente por un sector que había sido abandonado durante muchísimos años por las administraciones".

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que "todo lo que rodea a la negociación de este primer convenio sectorial debería ser la prueba del algodón de aquello que se decía en los momentos más álgidos de Covid, de que estos servicios eran esenciales". "Nosotros no tenemos ninguna duda, han sido esenciales antes de la Covid y durante la Covid, y lo serán después. El papel del Gobierno no es el de desentenderse de lo que pasa en estos servicios, sino apoyar e impulsar que se lleve a cabo el convenio y que las condiciones del personal trabajador sean las mejores posibles", ha señalado.

La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha considerado "preocupante que no haya habido avances en la negociación" y ha apoyado a los sindicatos, subrayando que "este convenio se tiene que desarrollar cuanto antes". "Es urgente y desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que se lleve a cabo, porque necesitamos un convenio que garantice las condiciones laborales", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha hecho suyas en términos generales las reivindicaciones de los sindicatos, aunque ha precisado que "tendríamos que hablar más de esa ley, qué se pretende". "No sabíamos que la negociación del convenio estaba paralizada, veníamos pensado que nos ibais a contar avances. Nosotros vamos a impulsar la negociación, que entiendo que es muy complicada porque estamos hablando de las condiciones de todo el sector. Vamos a empujar al Gobierno de Navarra a que se movilice para que se pueda desarrollar esta negociación antes de que termine esta legislatura y vamos a valorar la propuesta que nos hacéis de una ley", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha considerado "justas" las reivindicaciones de los sindicatos y ha dicho que se queda "sorprendida" con las intervenciones del resto de grupos, "pues los socios del PSN van a hacer siete años gobernando en esta tierra". "Les escucho y parece que acaban de llegar o que están en la oposición. La pelota está en el tejado de quien gobierna y me canso de escuchar excusas. Esto son servicios públicos y por lo tanto la Administración tiene que estar encima para que funcionen como tales", ha afirmado, para defender el acuerdo en torno a un convenio.

MAEZTU: "MI APUESTA ES MEJORAR LOS CONCIERTOS"

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, tras subrayar su apuesta por mejorar los conciertos con los centros residenciales, ha remarcado que el propósito del Gobierno es conseguir un convenio en ese sector, poner las bases para que sea posible.

En primer lugar, Maeztu ha remarcado que este año el presupuesto de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas se ha incrementado en 32 millones, el mayor aumento habido en la comunidad en un año, lo que va a permitir ampliar el número de plazas concertadas, de forma que se van a poder concertar casi 800 plazas más, de las que 400 son residenciales.

Al respecto ha añadido que trabajan en un nuevo acuerdo marco que esperan que esté "listo lo antes posible, que va a mejorar sustancialmente la financiación para permitir ampliar tanto los ratios de personal como incrementar los salarios de los trabajadores".

Esto, según Maeztu, va a redundar en "la mejora de las condiciones laborales que permita que el acuerdo entre sindicatos y representantes de las empresas y entidades lleve a tener el primer convenio en Navarra relativo a la atención residencial".

Tras señalar que se ha conseguido en el ámbito de la intervención social en esta legislatura y haber reforzado el convenio de discapacidad, ha asegurado que, "desde luego, el propósito de este Gobierno es conseguir ese convenio y poner las bases para que sea posible".

En una negociación "es difícil establecer un tiempo", ha apuntado, pero como Gobierno quieren que "para el primer semestre de este año esté licitado y resuelto el acuerdo marco residencial que es lo que va a poner a empresas y entidades las condiciones laborales para esa negociación".

La consejera ha explicado que el Gobierno gestiona aproximadamente la mitad de las plazas de las residencias, unas tres mil, pero las otras tres mil las gestionan diversas entidades.


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