LAB y UGT han firmado este miércoles con el Gobierno foral y la patronal ANEIS un preacuerdo para el primer convenio del sector de intervención social en Navarra, que cubre a unos 2.000 trabajadores de distintos centros y servicios públicos de atención a menores, familia, mujeres víctimas de violencia machista o personas en situación de vulnerabilidad.
Este acuerdo recoge un incremento salarial progresivo para los próximos años, junto a otras mejoras como la reducción efectiva de jornada, las mejoras en licencias, permisos y vacaciones o una mayor protección para las bajas laborales, entre otras cuestiones.
Además, clarifica y ordena las categorías profesionales y las condiciones salariales o laborales correspondientes a cada puesto y para todo el sector. De esta manera, por ejemplo, una educadora, sería contratada en las mismas condiciones independientemente de la empresa del sector en que realice su trabajo.
Por último, este acuerdo obliga a las Administraciones a licitar los servicios respetando las nuevas condiciones pactadas por la ley de Contratos Públicos.
El sindicato LAB ha señalado en un comunicado que "las trabajadoras del sector llevaban más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos, ya de por sí precarios". "La subida del 12% del IPC durante estos años y la congelación salarial padecida han hecho perder a cada trabajadora más de 15.000 euros en poder adquisitivo", ha afirmado.
LAB, que ostenta el 70% de la representación sindical del sector, ha explicado que comenzó en 2016 el camino para conseguir un convenio navarro que "crease un marco propio de relaciones laborales, mucho más acorde a la realidad de la Comunidad foral que el que recoge el convenio estatal por el que se regía".
LAB ha afirmado que "no ha sido fácil activar y unir en una misma lucha a tantos trabajadores tan diseminados y de puestos de trabajo tan diversos, no ha sido fácil la definición y concreción del sector, no ha sido fácil que la patronal asumiese las obligaciones que como patronal le corresponden, no ha sido fácil la creación y puesta en marcha de la mesa de negociación, no ha sido fácil conseguir por parte del Gobierno de Navarra la financiación necesaria para la materialización de un convenio que asentase unas condiciones laborales realmente dignas, no ha sido fácil que, una vez asegurada la financiación, la patronal renunciase a unas exigencias que estaban totalmente fuera de lugar, pero al final se ha conseguido".
"RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL"
Por su parte, UGT considera que el preacuerdo "significa el reconocimiento institucional del papel esencial que tiene este colectivo y dignifica las condiciones salariales y laborales de sus trabajadoras y trabajadores". "El convenio va a suponer una mejora real en las condiciones laborales de las plantillas de este sector y será un punto de inflexión, porque se trata del primero que se firma en Navarra y porque su consecución ha exigido un trabajo sindical muy intenso", ha valorado.
Por el contrario, el sindicato ELA ha criticado que "han quedado fuera del ámbito de aplicación del convenio alrededor de 400 personas pertenecientes a los colectivos de inserción social y socio laboral y los colectivos dedicados a cooperación y ayuda al desarrollo, o atención a la drogodependencia.
Para ELA, "es muy grave que el Gobierno de Navarra dé una partida presupuestaria de 10 millones de euros para el primer convenio sectorial cuando la patronal y los sindicatos firmantes han decidido excluir de su aplicación al 20% de las trabajadoras del sector y que no haya condicionado esa partida presupuestaria a la aplicación de la totalidad de las trabajadoras del sector".
El sindicato abertzale ha emplazado a los trabajadores del sector a "seguir organizándose en los centros de trabajo, puesto que esa va a ser la mejor garantía para seguir mejorando sus condiciones laborales, y en especial a aquellos colectivos que han sido excluidos del ámbito de aplicación de este primer convenio".
