SOCIEDAD

Un sindicato pide que la nueva ley del Euskera cuente con una "mayoría cualificada" y no sólo con 26 votos

“Hay debates que no se zanjan con una ley que cuente con el respaldo de 26 votos y este es uno de ellos”, ha asegurado CCOO.

Manifestación del 2-J celebrada en Pamplona en contra de la política lingüística y la imposición del euskera en Navarra. MIGUEL OSÉS.
Manifestación del 2-J celebrada en Pamplona en contra de la política lingüística y la imposición del euskera en Navarra. MIGUEL OSÉS.  

El responsable de la Secretaría de Políticas Públicas y Sociales de CCOO en Navarra, Javier Barinaga, ha considerado que una nueva ley del Euskera debería contar con “una mayoría cualificada que trascienda del cuatripartito”, de forma que tenga respaldo “suficiente” para que no se derogue “por otra mayoría exigua”.

“Hay debates que no se zanjan con una ley que cuente con el respaldo de 26 votos y este es uno de ellos”, ha afirmado en la comisión especial que estudia la elaboración de una nueva ley Foral del Euskera, que hoy ha celebrado su última sesión antes del periodo estival. 

Para que “una parte de la sociedad no sienta que se le impone o ningunea”, Barinaga ha apostado por el “diálogo y el pacto” así como por respetar “la realidad sociolingüística de cada lugar y la voluntariedad”, siempre “sin imposiciones de ningún tipo que provoquen rechazo”.

“Solo así lograremos consensos estables en el tiempo y asumidos por una mayoría social”, ha añadido, tras apostar por un clima “conciliador donde sea posible encontrar fórmulas relativamente satisfactorias para todas las partes, haciendo el esfuerzo por el encuentro”. 

Tras subrayar que “toca construir puentes y no muros”, ha dicho que “es momento de ver el euskera como parte de nuestro patrimonio cultural porque nunca se debería percibir una lengua como un elemento de confrontación o como un problema”.

“Somos más favorables a los estímulos positivos que a la imposición”, ha indicado Barinaga, que ha abogado por alcanzar “un punto de equilibrio entre dos visiones excesivamente polarizadas”. 

De esta forma, ha advertido que “imponer u obligar” en aspectos lingüísticos “puede lograr objetivos opuestos a los deseados”. “Hay que corregir algunas de las prácticas de la política lingüística de gobiernos anteriores que supusieron un trato negativo hacia el euskera, pero eso no puede justificar algunas medidas concretas que se están tomando, por ejemplo en el acceso al empleo público”, ha apuntado.

En este sentido, ha planteado diversas propuestas “que asegurarían un avance del idioma con voluntariedad, gradualidad y respeto”. Entre ellas, ha reivindicado que “los perfiles asignados a los puestos de trabajo de la Administración deben responder a sus funciones comunicativas”.

“Garantizar que la Administración atienda en euskera a toda persona que lo desee no quiere decir que todo el personal público deba ser vascoparlante”, ha advertido, tras apostar por itinerarios bilingües “siempre unidos a un uso real”. 

Barinaga, que ha recomendado “evitar la discrecionalidad en puestos de trabajo”, ha considerado que “donde no haya atención pública ni necesidad de elaborar informes o documentos, el conocimiento del euskera o de otros idiomas no aporta ningún valor y no deben ser exigidos”. 

En esta misma línea, ha pedido una “baremación razonable” del euskera y nunca tratarlo como único mérito. “No está justificado que una administración como el Ayuntamiento de Pamplona valore exclusivamente el conocimiento de euskera”, ha remarcado. 

Igualmente, ha subrayado que incrementar el número de plazas con perfil de euskera no significa “baremar el conocimiento del euskera y además hacerlo en exclusiva para plazas que no tienen ninguna relación con la ciudadanía”. 

El sindicalista ha apostado por “seguir potenciando la formación en euskera del personal público que lo desee”, así como por “realizar un estudio de las personas que actualmente saben euskera dentro de las administraciones”. Según ha señalado, serían esas personas las encargadas de cubrir las plazas en euskera, siempre de forma voluntaria y mediante concursos de traslados.

También se ha referido a la Ley foral de contratos públicos, que contempla la exigencia de realizar planes de euskera en las empresas adjudicatarias. “Al no fijarse un mínimo ni un protocolo pueden ser diversos y quedan a decisión de la propia empresa ha explicado-, no hay imposición de ninguna clase”.

Por otro lado, ha pedido a los parlamentarios más “claridad”, pues el sindicato echa en falta “mayor concreción cuando se plantea la oficialidad del euskera en toda Navarra”. 

"Más allá de un deseo expresado, ¿en lo práctico qué supone?", se ha cuestionado, "porque la supresión de la zonificación puede implicar derechos y obligaciones diversas. Hoy la ley del Euskera no los contempla y no determina qué efectos tendría esa oficialidad". 

También ha advertido de que sería necesario tener en cuenta los preceptos de la LORAFNA y los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional de los grupos contrarios a esta pretensión, de quienes ha criticado su ausencia en estas sesiones. 


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