Consideran imprescindible evitar deslocalizaciones de compañías beneficiadas por ayudas públicas, como el reciente caso de Siemens Gamesa en Aoiz.
El sindicato ELA reclama a los grupos del Parlamento de Navarra que voten a favor de la ley contra la deslocalización empresarial, ya que considera imprescindible evitar deslocalizaciones de empresas beneficiadas por ayudas públicas, como ocurrió con el reciente caso de Siemens Gamesa en Aoiz.
El pleno del Parlamento de Navarra tiene previsto someter a votación una Proposición de Ley Foral sobre medidas contra la deslocalización empresarial, que ha sido promovida por EH Bildu.
"En los últimos años, han sido muchas las empresas que han decidido cerrar sus centros de trabajo en Navarra para trasladar la producción a otros países. En la mayoría de ocasiones, se trata de empresas viables cuyo único objetivo ha sido ganar más dinero con mano de obra más barata. Nos referimos a empresas como Industria Cousin Freres-Faurecia, Miasa, Apoyos Metálicos, Loxin, Incasa, o recientemente Siemens Gamesa Aoiz", ha recordado ELA.
Para la organización sindical, "la forma de proceder de estas empresas provoca consecuencias muy graves en el tejido industrial navarro, por la destrucción de empleo que acarrea y por el empeoramiento de las condiciones laborales bajo la amenaza de una futura deslocalización".
Por ello, ante este escenario, ELA considera imprescindible impulsar una política industrial innovadora para hacer una transición hacia un modelo industrial que responda a las necesidades de la sociedad, a la igualdad de género y a las posibilidades de la naturaleza, así como la búsqueda de nuevos sectores estratégicos vinculados al I+D+i que permita un empleo de calidad y valor añadido.
Para ello, dice el sindicato, "resulta necesaria la intervención pública de sectores estratégicos y la creación de una banca pública que pueda impulsar esa política industrial con la que también se haga frente a la deslocalización empresarial".
ESTRATEGIA GLOBAL
ELA entiende que es necesaria una estrategia global en contra de las deslocalizaciones, que "incluya la limitación a la venta de instalaciones de empresas que se deslocalizan, una actuación de los poderes públicos decidida que dificulte estos cierres (ya sea por parte de Inspección de Trabajo o de la autoridad laboral) y una política de inversiones en empresas estratégicas que impida su cierre".
La ley que se discutirá este jueves incide en uno de esos aspectos, el de la condicionalidad de las ayudas públicas al compromiso de mantenimiento de las empresas. A pesar de que se trata de un avance parcial, ELA considera que la aprobación de la ley supondría un importante paso adelante.
