Un informe del Observatorio de la Realidad Social ha señalado a la industria agroalimentaria y al sector primario como dos ámbitos en crecimiento
El sector agroalimentario, uno de los más potentes de Navarra, podrá salir reforzado de la situación generada por el COVID-19. Así se desprende del informe elaborado por el Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, referido al primer trimestre del año, que ha sido presentado en rueda de prensa por la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu.
El Observatorio, que ha analizado los datos económicos del primer trimestre del año, ha señalado a la industria agroalimentaria y al sector primario como dos ámbitos en crecimiento, "frente a sectores como el turismo o la hostelería, gravemente afectados por el estado de alarma, y a los que se unen las dudas sobre la automoción, con un peso específico importante para la Comunidad foral, por la posible caída de la demanda".
Esos datos recogen un incremento del paro registrado del 7,9% con respecto al último trimestre de 2019 y un 4,1% más si se toma como referencia el primer trimestre del año anterior. A 31 de marzo había 35.071 desempleados, cifra que asciende a 40.442 en el mes de abril. El paro creció, sobre todo, entre los menores de 25 años (con un incremento del 7,5%) y la población extracomunitaria (un 10,4% más), ha informado el Ejecutivo.
El informe incide en la diferente evolución de las actividades económicas, en función de si han sido consideradas o no esenciales por el decreto. Precisamente, frente a las que se han mantenido activas, las no esenciales han entrado, tal y como recoge el informe, en un periodo de "hibernación" en lo que a contratos se refiere.
En este punto, ya en los tres primeros meses del año ya se detectó una "pérdida de dinamismo" en el mercado laboral, al suscribirse un 11,2% menos de contratos que un año antes. Esa contención en la contratación se ha dado principalmente en los contratos temporales de duración de 6 a 12 meses, en los que se ha registrado un descenso del 29,6%. Pero también entre la contratación a jornada parcial, que ha caído un 10,6%. Jóvenes, mujeres, población extranjera, personas con discapacidad y mayores de 55 años han sido los colectivos que más han notado los primeros coletazos de la crisis sanitaria, detalla.
RALENTIZACIÓN DEL INCREMENTO DEL PARO
Dado que el informe se centra principalmente en los datos del primer trimestre, solo analiza las dos primeras semanas del estado de alarma, declarado el 15 de marzo. "Esos quince días son suficientes para observar una transformación inicial en la tendencia habitualmente positiva del desempleo durante este periodo del año", recoge el informe, al tiempo que resalta que "tras una primera fase de aumento significativo del desempleo, se ha pasado a otra fase de ralentización de la intensidad del crecimiento del paro". Esa ralentización, referida a abril, se debe principalmente a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y al retorno paulatino de algunas actividades.
Precisamente, ha añadido, el hecho de que muchas empresas se hayan acogido a ERTEs hace que los efectos del COVID-19 en la afiliación a la Seguridad Social no sean inmediatos, ya que las personas afectadas por ERTEs siguen oficialmente registrados como afiliados y no computan como paro registrado.
CAMBIO EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
El Observatorio de la Realidad Social ha constatado también una adaptación de los empleos a la nueva situación generada por el COVID-19, que podría intensificarse en los próximos meses. Nuevas formas como el teletrabajo han tomado impulso, al igual que una mayor digitalización de los procesos de trabajo, la flexibilidad interna de las empresas, así como otras políticas empresariales y nuevos modelos laborales.
Todo ello, indica, traerá consigo una disyuntiva en el mercado laboral. Podrá abrir nuevas oportunidades de empleo, al mejorar la competitividad de las empresas. Pero también puede suponer una pérdida de puestos de trabajo y su desregulación, al desestructurar las relaciones laborales.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha cuestionado también máximas hasta ahora aceptadas como la globalización y la externalización de la producción de elementos estratégicos para una economía. De ahí que es probable que se busque recuperar líneas de producción consideradas esenciales, lo que derivaría en cierta creación de empleo, expone el informe.
PROPUESTAS
Ante esta situación, en la que los recursos asistenciales han notado una importante demanda, el Observatorio plantea la necesidad de "articular propuestas que eviten el incremento de la desigualdad y que ayuden a construir un nuevo modelo basado en la colaboración, la innovación, la igualdad de oportunidades, la adaptabilidad y la flexibilidad".
Para ello, propone la necesidad de "revisar la gestión de las políticas activas" del Gobierno de Navarra, "revisando los mecanismos de asignación y distribución de los presupuestos para flexibilizar su aplicación adaptándolas a las nuevas necesidades del empleo".
Asimismo, propone "flexibilizar los criterios de gestión y justificación de las subvenciones"; e "incrementar la colaboración y coordinación entre servicios de empleo y servicios sociales a nivel local para poder atender de forma global las necesidades de las personas".
Asimismo, plantea fomentar la iniciativa empresarial, especialmente con fórmulas de economía social y economía circular, así como intensificar la colaboración del Ejecutivo foral con las empresas "para monitorizar la evolución de la demanda específica en cada sector y ámbito territorial, y desarrollar así programas que garanticen la puesta a disposición de personas trabajadoras, e identificar qué perfiles profesionales requieren".
