Casi un centenar de trabajadoras de la residencia geriátrica pública El Vergel, en Pamplona, han denunciado publicamente la "grave situación" en la que se encuentra el centro después de cambiar el modelo de gestión en mitad de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En este sentido, 86 empleadas de la residencia han firmado un documento público en el que critican las decisiones tomadas durante estos últimos días por la dirección y que han sido respaldadas por la Agencia Navarra de la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), gestionada por el Gobierno de la socialista María Chivite.
Los centros de mayores han sido los puntos más afectados tras la irrupción en España del nuevo coronavirus con origen en China que, tras semanas duras de trabajo para implantar las medidas contra la pandemia, se ha conseguido controlar al menos en la Comunidad foral.
No obstante, las empleadas del centro en Pamplona aseguran estar "agotadas, pero satisfechas con los resultados". Ahora bien, la dirección de la residencia ha dado un paso más allá y ha apostado por modificar el modelo de trabajo para centrarlo, en solo dos semanas, en la atención en la persona.
Un concepto del que, según las empleadas, se ha dedicado cuatro años en prepararlo, pero que ahora solo se ha aplicado el nombre al diferir en muchas de las bases teóricas del modelo.
En concreto, las trabajadoras del centro se quejan de que durante el proceso de implantación de este nuevo sistema la dirección y la ANADP no han considerado el bienestar de los residentes al estar aún sometidos a un importante "estrés emocional como consecuencia del confinamiento".
Asimismo, el centro ha empezado a estructurarse en diferentes unidades lo que ha conllevado que se hayan producido, al menos, unos 50 cambios de habitaciones entre los residentes en mitad de esta dura pandemia
Es por esto por lo que las empleadas han advertido de que esta situación supone un "grave riesgo sanitario" para todos.
"En medio de una pandemia, el personal tiene una gran carga de trabajo al que le han sumado un sobreesfuerzo de cambios de habitación y organización, que ha hecho imposible mantenerse alerta y cumplir adecuadamente con las medidas de prevención contra el Covid-19", aseguran a través del escrito público.
Ademas, según denuncian, los residentes han sido 'movidos' por toda la residencia "de manera caótica y sin dar tiempo a una correcta planificación, organización y limpieza para realizar dichos cambios".
Por otro lado, también han criticado que se esté incorporando personal nuevo sin previa prueba diagnóstica de coronavirus que pone en riesgo a los 150 residentes vulnerables y a los 160 trabajadores del centro.
Unas decisiones que, argumentan, no han tenido en cuenta ni a los residentes ni a las familias cuando el modelo aboga por un sistema centrado en la persona.
"Con un gran sufrimiento emocional acumulado durante el aislamiento, se le obliga a cambiar de habitación, o sea su hogar, se le avisa con un día o incluso con horas de antelación, entre lloros, enfados y desorientación de los usuarios, que no pueden tener ni el acompañamiento de sus familiares", añaden.
Ya en el aspecto laboral, las trabajadoras del centro aseguran que la dirección 'recompensa' al colectivo con una "sobrecarga de trabajo añadida a las medidas tomadas durante el estado de alarma, con un estrés causado por la gestión improvisada y desordenada; y una inseguridad laboral, familiar y personal debido a los cambios de calendario y horario".
Por eso, las trabajadoras abogan por esperar para aplicar este nuevo modelo.
"Si ha podido esperar cuatro años para implantarse, no parece ser este el mejor momento para hacerlo".
"¿Son éstas las personas adecuadas para proteger al colectivo más vulnerable y frágil de nuestra población?", se han preguntado.
