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El Gobierno foral aspira a que Navarra sea referente europeo con su reforma de la renta garantizada

Desde el ejecutivo reconocen que la reforma que llevarán al Parlamento se basa en gran parte en las experiencias del País Vasco.

Uxue Barkos y Laparra, vicepresidente del Gobierno.
Uxue Barkos y Laparra, vicepresidente del Gobierno.  

Más de 35.000 personas sufren pobreza severa en Navarra, un número significativo que requiere respuesta inmediata por parte del Gobierno foral. El ejecutivo de Uxue Barkos y los socios del cuatripartito plantean una reforma de la renta garantizada que "tendría que situar a Navarra a un nivel destacado, no solo a nivel del Estado sino europeo, de una red de garantías y recursos adecuados para todos y al derecho a la inserción social", ha señalado el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra.

El Gobierno de Navarra aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley, que tras los oportunos informes, llegará al Parlamento, donde de partida cuenta con apoyo suficiente para salir adelante, si bien el vicepresidente ha mostrado su deseo de que alcance el máximo consenso político.

EL REFERENTE, PAÍS VASCO

La reforma, que pretende ser "de calado, sólida y con vocación de permanencia en el futuro", es pionera en aspectos como la cobertura para familias con menores y en relación con los mecanismos que se ponen en marcha para la inserción laboral, según Laparra, quien ha citado dentro de estos los incentivos para el empleo.

Al respecto el vicepresidente ha reconocido que han aprendido de otras comunidades y en concreto en relación con estos incentivos han tenido en cuenta la experiencia de la Comunidad Autónoma Vasca.

El objetivo de la reforma es que ninguna persona carezca de los recursos mínimos adecuados para llevar una vida digna, ha sostenido Laparra, quien ha subrayado que supone un "paso notable" en la mejora de la protección social en cuanto al aumento de cobertura a la población y a la calidad de las prestaciones.

El vicepresidente ha señalado que la reforma de la renta de inserción social ha ofrecido notables resultados, al aumentar el número de perceptores de unos 8.000 a 11.100 y al incrementar las cuantías en torno a un 17 %, lo que ha contribuido a una reducción significativa de la pobreza severa.

POBREZA INFANTIL Y EMPLEO, LOS RETOS

En esa línea es en la que están trabajando, ha añadido, tras lo que ha explicado que el proyecto de ley se plantea como prioridades la reducción de la pobreza infantil, con un tratamiento especial de hogares con menores, y la inserción en el mercado laboral, a la vista de que un alto porcentaje de desempleados llevan más de uno o dos años en el paro.

En relación con la inserción laboral ha remarcado que es una apuesta clara, que avanza hacia el reconocimiento del derecho al empleo e introduce el empleo también como una obligación. Al respecto ha comentado que se recoge la obligación de aceptar un empleo siempre que éste sea adecuado y la persona esté en condiciones de trabajar.

Para materializarlo cuentan con una batería de recursos "significativa", con unos 4.000 empleos de inserción que se gestionan desde organismos públicos, pero "insuficiente", tras lo que ha afirmado que queda mucho por hacer, por lo que la ley debe entenderse no como un punto final, sino como un punto de partida que se debe desarrollar en toda la legislatura.

El vicepresidente ha puesto en valor el proceso participativo que se ha llevado a cabo en torno a este proyecto de ley, con estudios, sesiones de trabajo y exposición pública, en la que se han recogido sugerencias diversas, que van a "mejorar la calidad del proyecto".

Laparra ha remarcado que consideran esencial conseguir un apoyo social lo más amplio posible, de forma que ésta sea una "reforma sólida".

En la jornada, que ha inaugurado el vicepresidente, se ponen en común experiencias de otras comunidades como Aragón, Asturias o País Vasco.


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