La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha solicitado que el Ingreso Mínimo Vital que prevé implantar el Gobierno central sea compatible con la Renta Garantizada de Navarra.
Maeztu ha explicado que ya se ha mantenido una relación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respecto a esta prestación estatal, si bien ha precisado que todavía no hay información sobre cómo va a ser la regulación de este Ingreso Mínimo Vital.
No obstante, la consejera ha hecho una valoración "muy positiva" de esta ayuda y ha considerado "una buena noticia para nuestra comunidad y todo el Estado que las personas puedan tener un Ingreso Mínimo Vital".
Además, Andrés Carbonero, director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, ha explicado que otra de las medidas del Departamento está orientada a la cobertura de ingresos a través de la Renta Garantizada y otras ayudas extraordinarias "que está funcionando". En este sentido, ha destacado que se está valorando "a un mes de la solicitud" y que "a todas las personas que lo precisan se les está concediendo en tiempo y forma".
Ha subrayado, además, que estas ayudas son compartidas con el sistema estatal de prestaciones contributivas y no contributivas del Estado, por lo que ha apuntado que "todas las personas que necesiten la Renta Garantizada deben ir accediendo a prestaciones estatales".
La consejera Maeztu ha explicado que Derechos Sociales prevé un incremento de cinco millones en el gasto de la Renta Garantizada y estima en un millón la necesidad de presupuesto adicional para "reforzar" los servicios sociales.
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN CON LAS ENTIDADES SOCIALES
Por otro lado, Carmen Maeztu ha explicado que Derechos Sociales ha comenzado a realizar un "diagnóstico compartido con las entidades sociales y a trabajar en un plan de acción". Hasta ahora ha mantenido dos reuniones con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, Cáritas, Cruz Roja y Cermin, a las que ha emplazado para "recoger propuestas en un documento a corto plazo".
Según ha explicado, tanto Gobierno como estas entidades han coincidido en que "la situación de emergencia no debe durar mucho y que hemos de empezar a realizar un plan de acción de recorrido más amplio".
La consejera ha destacado que la alerta sanitaria está "poniendo a prueba el sistema actual de cobertura" que, en el primer momento de la pandemia, "ha respondido y ha estado a la altura". En este sentido, ha resaltado que no se ha producido una "demanda masiva", si bien ha precisado que la prolongación del estado de alarma "está comenzando a pasar factura" y comienza a haber demandas "que se suman a las existentes".
Asimismo, ha mostrado su preocupación porque "esta crisis sacudirá más fuerte a los sectores más vulnerables: menores, personas en situación irregular, personas sin hogar, personas autónomas, sectores precarizados como el de empleadas de hogar, y otros colectivos en riesgo de exclusión".
