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Navarra apoya la nueva regulación del teletrabajo en las Administraciones: estas serán las condiciones

La modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni podrá ser absoluta, de tal manera que se combinará con el trabajo presencial.

Una chica teletrabajando desde su casa. ARCHIVO
Una chica teletrabajando desde su casa. ARCHIVO  

El Gobierno ha cerrado con comunidades autónomas, corporaciones locales y sindicatos un acuerdo básico para regular el teletrabajo en el ámbito público, aunque cada administración tendrá que fijar el porcentaje del servicio que se podrá hacer a distancia para garantizar la atención presencial a la ciudadanía.

El vicepresidente Remírez ha destacado "la cogobernanza, el dialogo y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas en este proceso en el que las distintas Administraciones coinciden en la necesidad de establecer el teletrabajo como una herramienta y modalidad de trabajo consolidada a futuro, más allá de situaciones excepcionales como las vividas durante el estado de alarma".

Una nueva fórmula de trabajo con carácter permanente que "se suma a la modalidad ordinaria, que sigue siendo la presencial, y que ayudará a facilitar la conciliación, avanzando al mismo tiempo en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Horizonte 2030 y de Plan Digital 2025", ha expuesto Remírez.

En este sentido, el Gobierno de Navarra "destaca su compromiso con la implantación del teletrabajo en la Comunidad foral" y muestra su apuesta por "seguir avanzando en la negociación abierta con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de la Función Pública".

El acuerdo sobre el teletrabajo será aprobado por el Gobierno a través de un decreto-ley, tras haberse firmado este lunes con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, previo acuerdo en conferencia sectorial con las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El texto se incorporará al Estatuto Básico del Empleado Público y se aplicará tanto al funcionariado como al personal laboral.

En virtud del acuerdo, adelantado la semana pasada por los sindicatos, el personal que teletrabaje tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.

El desempeño concreto de la actividad por teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública y será objeto de negociación colectiva, en tanto que las Administraciones públicas que lo requieran dispondrán de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Será voluntario y su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio.

La modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni podrá ser absoluta, de tal manera que se combinará el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se establezca y que garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.

Esta modalidad de trabajo habrá de ser expresamente autorizada y como requisito previo se comprobará que las tareas asignadas al puesto se puedan desempeñar a distancia, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital y se presta una especial atención a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.

UGT y CCOO han valorado la firma de este acuerdo que ven garantista, ya que incluye valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, porque es voluntario y reversible, y porque además los gastos del trabajo no presencial los asumirán las Administraciones Públicas.

El responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha señalado en un comunicado que "era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la negociación colectiva".

CCOO, al igual que UGT, ha pedido iniciar cuanto antes las negociaciones con las administraciones estatales y autonómicas y ha exigido un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones laborales del sector público, con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno de dar estabilidad a las plantillas.

Asimismo, ha considerado un gran logro que los medios tecnológicos y su mantenimiento corran a cargo de la Administración, al tiempo que ha exigido la apertura inmediata de la Mesa de Diálogo Social para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha reclamado a la ministra de Función Pública, Carolina Darias, negociar las cuentas públicas del 2021 para "abordar las retribuciones" de los funcionarios.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha avisado del "esfuerzo de las plantillas, ya que la pandemia está poniendo el sistema al límite".

Borra ha valorado que el teletrabajo se incluya en el Estatuto Básico del Empleo Público y que se puedan acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las Administraciones públicas.

No obstante, ha exigido abrir "cuanto antes" la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público y abordar la reducción de la temporalidad y el cumplimiento del IV Convenio Único del Personal Laboral en la Administración General del Estado (AGE). 

LOS ABERZALES PIDEN NEGOCIAR UN ACUERDO PROPIO

El sindicato ELA ha rechazado el acuerdo firmado este lunes por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han firmado con el Gobierno del Estado que regula el tele-trabajo en el sector público, y ha pedido a los gobiernos vasco y navarro que negocien un texto propio.

El texto acordado prevé que el personal que teletrabaje tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. Además, da medio año a las Administraciones públicas para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

En un comunicado, ELA considera que supone "una nueva injerencia del Gobierno del Estado y de los sindicatos firmantes en nuestro ámbito de decisión".

Además, cree que el texto carece de "derechos elementales" que un acuerdo sobre esta materia debería incluir: así, ELA estima que la posibilidad de acceder al teletrabajo está supeditada a la expresa autorización del o la responsable, "y por tanto no se considera como una modalidad de trabajo ordinaria".

Según ELA, los sindicatos firmantes "dan por bueno que las administraciones no asuman gastos vinculados al teletrabajo, como la electricidad, internet, la calefacción, gastos de mobiliario, en materia de prevención.. etc".

Tampoco, dice ELA, se introducen los mecanismos necesarios para realizar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo inherentes al teletrabajo, y carece de mecanismos que garanticen el derecho al descanso y a la desconexión digital.

Por tanto, ELA muestra su total desacuerdo con el texto pactado y muestra su asombro ante la firma de un acuerdo para el sector público que es "peor" que el borrador del Anteproyecto de Ley del trabajo a distancia para el sector privado.


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