"Somo como un niño o una persona con discapacidad. No podemos decidir nada", ha expresado el representante de la organización 'Personas refugiadas en acción'.
El representante de la organización 'Personas refugiadas en acción', Abdulrazak Alyusuf, ha afirmado que los programas de acogida tienen muchos aspectos "por mejorar", entre los que ha destacado falta de libertad, escasez de ayudas económicas y excesiva rigidez de las normas fijadas.
Así lo ha indicado en una sesión de trabajo de la comisión de Derechos Sociales, donde ha comparecido a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e Izquierda-Ezkerra para exponer los aspectos positivos y negativos del programa de acogida gestionado por las entidades acreditadas.
En la sesión, Alyusuf ha agradecido la labor de las organizaciones, que "han hecho muchas cosas buenas por los refugiados", aunque ha advertido que también existen "muchas cosas malas".
"Tenemos que seguir las normas pero con nuestro sentimiento de que somos como un niño o personas con discapacidad, no podemos elegir nada", ha lamentado Alyusuf, que ha explicado que el programa de acogida tiene 3 fases y determinadas normas que sus integrantes han de cumplir.
En este sentido, ha criticado que si no se siguen las normas establecidas, la organización puede expulsarles del programa. "Desde el primer día tenemos miedo de que, si no acatamos alguna norma, estaremos en la calle", ha apuntado.
Según ha indicado, en la primera fase del programa los acogidos viven en una casa elegida por la organización, con un apoyo semanal a personas solteras de 25 euros para necesidades básicas y de 50 euros para gastos como el pago del móvil. En su caso, las familias tienen derecho a cobrar 150 euros cada semana para necesidades básicas.
Alyusuf, que ha cuestionado "de qué va a vivir y qué va a comer" una persona con 25 euros semanales, ha criticado ciertas prohibiciones, como las de comprar tabaco y alcohol, entre otras, ya que un voluntario ha de acudir con ellos a los establecimientos para comprar los productos establecidos. "No podemos elegir lo que queremos comprar nosotros", ha remarcado.
Respecto a la segunda fase del protocolo, ha reconocido que existe "un poco más de libertad" pero que conlleva "más miedo porque es muy difícil". En este sentido, ha aseverado que cada refugiado puede buscar una casa para alquilar y obtener 700 euros para el alquiler y necesidades básicas.
Sin embargo, ha lamentado que han de "justificar" sus gastos con tiques o facturas a su nombre cada mes, de forma que "si una persona pierde una factura, no va a cobrar el apoyo del mes siguiente".
Por otro lado, ha reivindicado que una vez finalizado el programa quedan "en la calle" y encuentran grandes dificultades para encontrar trabajo.
Entre los principales obstáculos existentes para acceder al mercado laboral, ha remarcado la imposibilidad de homologar el carnet de conducir, ya que muchos de los refugiados son camioneros y no pueden acceder a puestos de trabajo españoles porque sus carnés no son válidos en España.
También ha subrayado la necesidad de contar con abogados que puedan seguir los problemas de los refugiados, así como la importancia de traducir los papeles que se les hace firmar.
"El primer día que llegamos aquí nos traen papeles en castellano y no entendemos nada -ha afirmado-, ellos dicen que tienes que firmar, que si no firmas vas a la calle. Desde el principio ellos nos dan algún miedo".
Igualmente, ha criticado que no exista ningún grupo en el Gobierno Foral o en el Parlamento que se interese sobre su situación. "Solo nos dejan con las organizaciones", ha lamentado, tras añadir que falta "muchísima información" y que desconocen si tienen ciertos derechos o carecen de ellos.
"Tenemos capacidad, tenemos mente, tenemos experiencia, tenemos salud, pero necesitamos las oportunidades -ha concluido-, no somos vagos, somos activos, somos trabajadores. Ayudadnos a seguir la vida aquí".
