Javier Enériz ha presentado la memoria anual de la institución y ha dicho que la "interinidad" es una "asignatura pendiente".
El Defensor del Pueblo, Javier Enériz, ha presentado su informe anual, que recoge un descenso en el número de quejas, pero no así de expedientes, en el pleno del Parlamento, donde se ha vuelto a apuntar que poner fin a la interinidad al frente de la institución es una "asignatura pendiente".
Los grupos han valorado la labor de la institución y han deseado que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta en una sesión en la que Enériz, quien lleva diez años en el cargo, ha indicado que pese a que las quejas se han reducido un 46,3 % respecto a 2015, el numero de expedientes es prácticamente similar.
La labor realizada en 2016 ha permitido hacer llegar a las administraciones públicas 84 sugerencias, 235 recomendaciones y 121 recordatorios de deberes legales (en total 487 decisiones).
Un total de 11.617 ciudadanos se han dirigido a la institución para realizar, entre otros, 910 consultas y presentar 830 quejas (han gestionado 989 expedientes), el 82,2 % admitidas a trámite y el 81,6 % fundadas, según el informe anual.
Se han practicado 677 investigaciones, 615 con motivo de las quejas recibidas, 35 actuaciones de oficio por iniciativa propia, 13 a propuestas ciudadanas y 2 en razón de los informes elaborados.
Las quejas se han referido a diversas materias como función pública o bienestar social con cuestiones como la protección a la infancia y adolescencia o el embargo de la renta de inclusión, pese a ser inembargable.
También hay quejas en educación, especialmente con los procesos de admisión, enseñanza en inglés, alumnos con necesidades educativas especiales y becas; sobre el acceso al empleo público; la sanidad, por cuestiones como las listas de espera o denegación de prestaciones; y el medio ambiente.
Las quejas de hacienda aluden a la liquidación del IRPF, las de urbanismo a la pasividad o denegación de permisos, las de tráfico a la disconformidad con multas o al "riguroso y caro" servicio de la grúa en zonas de estacionamiento restringido en Pamplona.
En seguridad ciudadana se alude al funcionamiento de la cárcel, en vivienda a la dificultad de acceso a viviendas de régimen de alquiler y en justicia a la disconformidad con sentencias, dilaciones de procesos o denegación asistencia jurídica gratuita.
Como "uno de los aspectos que más preocupa por el retroceso" que se observa, ha citado el aumento de los menores en situaciones de institucionalización, en lugar de acogimiento familiar.
Entre las actuaciones de oficio ha citado la inspección a pisos de protección de menores y centros de personas con discapacidad, a los que ha sumado otras relacionadas con la situación humanitaria de Siria, las enfermedades raras, la asistencia sanitaria universal,la muerte de un menor por acoso escolar o la muerte de un detenido en dependencias policiales
La parlamentaria de I-E Marisa de Simón, quien ha puesto en valor la "labor de transparencia y recogida de quejas" que realiza la institución, ha opinado que la quejas son "menos pero más cualificadas porque han supuesto más actuaciones".
Javier García (PPN) ha destacado que casi el 53 % de las quejas denuncian actuaciones de las administraciones forales y dentro de estas ha resaltado las relacionadas con la educación.
Por el PSN María Chivite, quien ha apuntado que el informe refleja las preocupaciones de la ciudadanía, ha dicho que esperan que las recomendaciones sean tenidas en cuenta y ha deseado que el Gobierno sea capaz de acordar y renovar la institución.
Laura Pérez (Podemos), quien ha indicado que el informe refleja una mejora en el funcionamiento de las administraciones porque se reciben menos quejas, ha echado en falta un análisis desde la perspectiva de género.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien ha opinado que será un "fracaso" si no se logra terminar con la interinidad y ha instado a entonar todos el "mea culpa" en esta materia, ha alertado sobre las quejas por denegación de información.
Virginia Alemán (Geroa Bai) ha trasladado su apoyo a esta institución, que tras 17 años está "plenamente consolidada" y que es "indispensable para el buen funcionamiento" de las administraciones.
Por UPN, Juan Luis Sánchez de Muniain ha sostenido que se debe hacer frente a la interinidad y entre las actuaciones ha citado el informe sobre las personas refugiadas, que le ha llevado a criticar la decisión del cuatripartito de retirar la bandera de la UE, que desde esta semana vuelve a ondear en la sede de la Cámara.
