SOCIEDAD

El PSOE acerca a los asesinos del matrimonio Jiménez-Becerril para garantizarse el apoyo de Bildu

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha condenado estos acercamientos, que ya superan el centenar desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, junto a la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite. EFE/ Jesús Diges
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, junto a la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite. EFE/ Jesús Diges

El PSOE sigue intercambiando presos terroristas por acuerdos políticos para garantizarse el apoyo de EH Bildu a los presupuestos generales y de Navarra

Instituciones Penitenciarias ha decidido acercar a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha condenado estos acercamientos, que ya superan el centenar desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, una decisión que enmarcan en la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, contando con el apoyo de EH Bildu.

Entre los cinco etarras acercados están Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea, que pasan de Valencia a la cárcel de Zaragoza. El primero fue condenado a 30 años como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril, entre otros asesinatos; y la segunda también por su participación en el crimen del concejal sevillano.

De Azurmendi Peñagaricano y Pedrosa Barrenechea asegura Instituciones Penitenciarias que han aceptado la legalidad penitenciaria. "Rechaza la violencia y ha remitido escrito en el que reconoce el daño causado a las víctimas", señala el organismo dependiente del Ministerio del Interior. Los dos han sido progresados a segundo grado.

El historial criminal de Azurmendi Peñagaricano incluye otros asesinatos como el de Miguel Peralta Utrera (36 años de condena) o Juan José Hernández Rovira (52 años de condena); la condena se elevó a los 208 años por matar a Francisco Joaquín Martín Moya, César García Contonente y Francisco Veguillas, así como a 351 años por el de Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. La lista de asesinatos de Maite Pedrosa Barrenechea incluye a Fernando Jiménez Pascual y Miguel Ángel Ayllón.

MÁS DE 100 TRASLADOS Y CRÍTICAS A IGLESIAS

Los otros etarras acercados son José Ángel Lerín Sánchez (trasladado a Zuera, Zaragoza), autor de una mochila-bomba en el hotel Port Denia (Alicante); los otros dos van a la cárcel de San Sebastián: Oskarbi Jáuregui Amundarain, que atentó contra el periodista Gorka Landaburu y colaboró en otros asesinatos, y Oier Andueza Anchía, que cumple condena por pertenencia a banda armada y dos tentativas de asesinato, entre otros delitos.

Según la AVT, son ya 103 presos de ETA trasladados con el Gobierno de Sánchez, de los que 18 son directamente al País Vasco y Navarra. 25 tienen delitos de sangre y otros 15 han sido progresados al tercer grado o régimen de semilibertad (entre ellos, cinco con delitos de sangre).

"Hoy si cabe desde la AVT escribimos estas líneas más preocupados que nunca, ya no por los acercamientos, sino por esas palabras del vicepresidente segundo del Gobierno que dinamitan absolutamente toda la Verdad de lo que ha sucedido en este país, permitiendo que sean los verdugos los que ganen la batalla del relato y encima gobiernen España", ha señalado esta asociación.

En un comunicado, la AVT vincula el "fin de la dispersión" de los presos de ETA con una "cesión" en la negociación de los Presupuestos, ya que denuncian que siguen sin colaborar con la Justicia en los crímenes que aún no han sido esclarecidos. "Ahora que el señor Iglesias ha afirmado sin tapujos que Bildu será uno de los principales dirigentes del Estado, podemos temernos lo peor, ya que recordemos: no los quieren cerca, los quieren libres", sostiene.

CRÍTICAS DE COVITE

Por otro lado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) acusa al Gobierno de erigirse en legitimador de la única fuerza política que justifica la violencia terrorista, el asesinato, el secuestro, la extorsión y la persecución como herramientas válidas para hacer política y que tratan a los terroristas de ETA como “presos políticos” y como héroes. COVITE considera especialmente grave que el Gobierno haya negociado y pactado los presupuestos generales del Estado con EH Bildu cuando una de sus condiciones ha sido “buscar una solución a la política penitenciaria y a los presos de ETA”, en palabras de los propios portavoces de EH Bildu. “La única solución que EH Bildu busca para los terroristas presos es impunidad, su excarcelación. Por eso los llaman presos políticos. Tratan a los asesinos de nuestros familiares como héroes y justifican sus crímenes, consideran que no tendrían que estar en la cárcel”, denuncian desde COVITE. “El derecho de las víctimas a la justicia se ha convertido en la moneda de cambio para obtener apoyos a unos presupuestos generales del Estado. Es indigno y una traición a las víctimas”, advierten.

COVITE critica con especial dureza las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, asegurando que EH Bildu “se integrará en la dirección del Estado”, en palabras del propio vicepresidente. En este sentido, el Colectivo alerta de que negociar e interactuar con normalidad con una fuerza política que ha llegado donde ha llegado por una violencia terrorista que no condena, tras haber eliminado a sus adversarios políticos asesinándolos y tras haber herido, perseguido, extorsionado y acosado a miles de personas es “legitimar la violencia terrorista como elemento posible para acceder al poder. Es legitimar el terrorismo como opción válida para hacer política”, asegura Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. “El EH Bildu de cuando fue legalizado, hace casi diez años, es el mismo que el de 2020 porque no han hecho ninguna reflexión moral que les haga abjurar de su trayectoria terrorista. Y a pesar de ello, el Gobierno lo ha blanqueado como fuerza política legítima y el vicepresidente segundo lo trata como socio preferente, como si ETA no hubiera existido nunca, que es precisamente lo que la izquierda abertzale quiere hacer creer. Pero no es digno hacer política como si ETA nunca hubiese existido”.

El Colectivo ha avisado al Gobierno de que “ha traspasado una nueva línea roja en el blanqueamiento de ETA y de su brazo político, y por tanto, tendrá a COVITE enfrente”. COVITE considera que el deber de los representantes públicos es “aislar a todas las fuerzas políticas que justifiquen el terrorismo y la violencia política, y no facilitar su normalización social inmerecida, así como la impunidad que tanto desean sobre sus responsabilidades en ETA”. A juicio de COVITE, el Gobierno “está permitiendo que los ideólogos de ETA y defensores políticos de los terroristas hagan política con alfombra roja, como si ETA nunca hubiese existido”. Asimismo, legitimar a EH Bildu como fuerza política democrática con la que se puede negociar y pactar entraña otro grave peligro, que es dificultar o incluso impedir la necesaria lucha contra la radicalización violenta ultranacionalista que se da en el País Vasco y en Navarra. En 2020 se han realizado 16 homenajes públicos a etarras según el Observatorio de radicalización de COVITE.

El Colectivo siempre ha criticado y lamentado que los brazos políticos de ETA fueran legalizados sin exigirles la condena del terrorismo de ETA. “Esa fue una de las exigencias de ETA para abandonar la violencia terrorista. El Gobierno de Zapatero negoció las condiciones para que ETA dejase de matar, condiciones que se cumplieron durante el Gobierno de Rajoy. No podemos olvidar que estamos ante un final de ETA negociado y quienes hemos pagado –y pagamos– las consecuencias de ese indigno final somos las víctimas”, aseguran.

La principal consecuencia del final negociado del terrorismo que denuncia COVITE es precisamente la impunidad de la que goza el entorno político de ETA, que formó parte esencial del entramado terrorista. “El partido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH Bildu, tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba. Estas personas llegaron a estar en la cárcel precisamente por formar parte del organigrama de ETA. El Tribunal Supremo probó que ETA y su entorno político fueron lo mismo y hoy esos líderes de la izquierda abertzale hacen política sin que nadie les exija que asuman sus responsabilidades en ETA”, denuncia Consuelo Ordóñez.


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