La presidenta de Médicos Mundo ha criticado que no se haya ampliado el presupuesto destinado a la nueva norma que lucha contra esta lacra.
Médicos del Mundo en Navarra ha solicitado al Gobierno Foral que asuma “sus responsabilidades” en el marco de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y prostitución, y ha pedido dotación presupuestaria para la ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
Así lo ha afirmado su presidenta, Yolanda Rodríguez, en una sesión de trabajo parlamentaria, donde ha considerado que “el Gobierno de Navarra debe asumir sus responsabilidades en el marco de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y prostitución” aplicando políticas “claramente abolicionistas” que garanticen el acceso de las mujeres en esta situación a los recursos que recoge la citada ley Foral.
Para ello, ha pedido “prioridad, presupuesto y personal formado”. “Eso es lo que venimos hoy a exigir aquí, porque solo así se puede garantizar que sea aplicable la ley foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres y hacer realidad los derechos que les corresponden como víctimas de violencia”, ha reivindicado.
Tras advertir que “sin medidas presupuestarias los avances normativos no sirven”, ha lamentado que “sin recursos que aseguren que las mujeres prostituidas pueden insertarse social y laboralmente, no estaremos cumpliendo la ley”.
De esta forma, ha criticado que no se haya ampliado el presupuesto destinado a la norma y que no se hayan creado recursos “específicos” destinados a la investigación, educación, prevención, detección, atención integral o reparación de la violencia sufrida.
Según ha recordado, la ley navarra “sigue siendo pionera a nivel del Estado en cuanto a incorporar la prostitución y explotación sexual como violencia machista”. “Lo que hace la ley es, ni más ni menos, que reconocer lo que diversos organismos intencionales han venido diciendo desde hace mucho tiempo: que la prostitución es una de las más brutales formas de violencia contra las mujeres”, ha remarcado.
Además, ha advertido que “no es un hecho aislado”, sino que “forma parte de un sistema en que las mujeres prostituidas son el último eslabón de la cadena, y además el más débil”. “Intervienen otros actores como los estados y los gobiernos, a los que muchas supervivientes de prostitución denominan estados proxenetas –ha citado-, que toleran que miles de mujeres al año pasen a formar parte de este sistema, ya que permiten su empobrecimiento”.
También ha subrayado que otro integrante de dicha cadena son los proxenetas, quienes “se lucran” con esta actividad, y que “el otro eslabón al que ni siquiera miramos son los puteros, que con su demanda reproducen el sistema”.
La socialista Nuria Medina ha compartido la necesidad de que la ley foral “tenga presupuesto suficiente” para su aplicación, ya que, sin dotación económica, esta va a quedar “en agua de borrajas”.
En la misma línea se ha mostrado Ana San Martín (UPN), que ha manifestado que “mientras no haya presupuesto y el Gobierno no quiera implantar las medidas que se han aprobado” seguirán denunciando esta cuestión.
Por Geroa Bai, Virginia Alemán ha considerado que esta cuestión es una "prioridad" y ha asegurado que “se está consignando presupuesto, aunque nunca es suficiente y siempre queremos más”.
Asun Fernández de Garaialde ha señalado que EH Bildu no es “abolicionista”, pero ha apostado por “actuar contra la trata y la explotación de manera muchísimo más contundente de lo que se hace actualmente”, además de “analizar las causas de por qué no se está actuando contra esto, que sí que es un delito, y a quién le interesa que no se actúe contra la trata”.
Por parte de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha criticado que no se pueda desarrollar esta norma “en su plenitud” ya que “cuando no hay presupuesto económico, poco van a contribuir esas leyes a trasformar la realidad”.
El popular Javier García ha reivindicado que “la financiación de diferentes leyes es una medida importantísima para luchar contra esta lacra”, y José Miguel Nuin (I-E) se ha sumado a la exigencia de que la ley foral “se aplique con todas las consecuencias”, tras lo que ha dirigido también esa exigencia al Gobierno central, haciendo referencia a una posible modificación del código penal.
