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Una profesora de la UPNA analiza en un libro el control policial de las comunicaciones

Cristina Zoco aboga por una reforma de la Constitución que exija autorización judicial en intervenciones que afectan a la intimidad o la imagen.

La profesora de la UPNA Cristina Zoco.
La profesora de la UPNA Cristina Zoco.  

Cristina Zoco Zabala, profesora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), analiza en un libro los nuevos escenarios tecnológicos en los que se produce el control policial de las comunicaciones, debido a los últimos cambios legales. Aplicando el punto de vista de los derechos fundamentales, la autora aboga por una reforma de la Constitución que exija una autorización judicial previa para aquellas intervenciones tecnológicas que afectan a la imagen, la intimidad o la protección de datos personales.

La obra, titulada “Nuevas tecnologías y control de las comunicaciones”, analiza la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley Orgánica 13/2015), aprobada por las Cortes Generales y en vigor desde el pasado diciembre, que busca, según Cristina Zoco, “regular el procedimiento de intervención judicial de las comunicaciones, así como los criterios que el juez tiene que argüir para garantizar una interceptación constitucionalmente conforme”. También asimilar este procedimiento de intervención para medidas de investigación tecnológica que afectan a otros derechos fundamentales (intimidad, imagen y protección de datos personales).

Las lagunas de la anterior normativa, debido a las renovadas formas de delincuencia ligadas a las nuevas tecnologías, llevaron a aprobar esta reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se buscaba encontrar “un adecuado equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales del individuo”. “Por eso, esta nueva Ley Orgánica regula un mismo procedimiento de autorización judicial para llevar a cabo diversas medidas de investigación tecnológica, como la interceptación policial de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; la captación y grabación policial de comunicaciones orales e imágenes en espacios abiertos; la colocación de dispositivos electrónicos de escucha y vídeo como consecuencia de la entrada policial en el domicilio del investigado; o la intervención de dispositivos de almacenamiento masivo de información o registros remotos sobre equipos informáticos”, explica la autora del libro, publicado por Thomson Reuters Aranzadi.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

La autorización judicial motivada es necesaria para aplicar esas medidas de investigación tecnológica, a riesgo, si no, de “convertir el Estado de Derecho en uno policial”, apunta la autora. Las comunicaciones telefónicas y telemáticas quedan protegidas en la Constitución, que “delimita, de modo restrictivo, el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio a la posibilidad de intervenir mediante resolución judicial”. Sin embargo, la Carta Magna nada dice de una autorización judicial respecto de las otras modalidades de control tecnológico que afectan a la intimidad, la imagen o la protección de datos personales. “Por ejemplo, la intervención policial de las conversaciones e imágenes, o la de datos personales cuando se interceptan dispositivos de almacenamiento masivo de información, o los registros remotos sobre equipos informáticos”, indica Zoco.

Por todo ello, la autora recomienda una reforma constitucional que incluya la autorización judicial previa para delimitar, de forma restrictiva, las intervenciones policiales que afecten a la imagen, la intimidad y la protección de datos personales. “También sería necesario que, en tal caso, la Constitución incluya la definición de los indicios racionales que el juez tiene que argumentar para la intervención judicial y del bien jurídico, en este caso, la seguridad pública, que fundamenta tal medida, verdadera razón que justificaría una delimitación restrictiva de tales derechos fundamentales”, concluye la autora.

APUNTE BIOGRÁFICO

Cristina Zoco Zabala, doctora en Derecho, trabaja como profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra desde 2001, aunque está acreditada como titular.

Su investigación se ha centrado, sobre todo, en el ámbito de los derechos fundamentales y de la organización territorial del Estado. Por ello, ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades de Bélgica, Francia e Italia y ha publicado cinco monografías y varios artículos en revistas especializadas.


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