• viernes, 29 de marzo de 2024
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TERRORISMO

Las víctimas de ETA cargan contra el Gobierno tras el acercamiento del asesino del matrimonio Becerril

Se ha anunciado el traslado de dos presos etarras, Igor González Sola y José Luis Barrios, codenado a 30 años por matar al concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García.

Imagen de archivo del etarra José Luis Barrios, asesino del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García EFE
Imagen de archivo del etarra José Luis Barrios, asesino del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García EFE

Instituciones Penitenciarias ha dispuesto el traslado de dos internos de ETA a las prisiones de San Sebastián y Zuera (Zaragoza), uno de ellos José Luis Barrios, condenado por el asesinato del que fuera concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, el 30 de enero de 1998.

Barrios, que será trasladado a Zuera desde la cárcel de Albolote (Granada), ingresó en prisión el 25 de marzo de 1998 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, homicidio y atentados.

El etarra cumplirá las tres cuartas partes de la condena el próximo mes de septiembre y, según informa este viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha aceptado la legalidad penitenciaria.

La Junta de Tratamiento de Albolote ha propuesto el mantenimiento de su clasificación en primer grado, pero aplicando el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, con el objetivo de su progresiva adaptación al régimen ordinario y su traslado a Zuera.

El otro preso al que se acerca es Igor González Sola, que será trasladado desde la cárcel de Soria a la prisión de San Sebastián.

Ingresó en prisión el 30 de marzo de 2005 y tiene una condena de 20 años por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación dentro de sus actividad en el comando Amaiur, integrado en el complejo San Sebastián.

Cumplió las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2020 y también ha aceptado la legalidad penitenciaria.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Soria ha propuesto el mantenimiento en segundo grado y traslado a la cárcel de San Sebastián por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos.

LAS VÍCTIMAS EXIGEN VER A MARLASKA

Precisamente, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado estos acercamientos en un comunicado en el que asegura que este colectivo se levanta cada viernes "con el temor de no saber qué nuevo movimiento en política penitenciaria tiene preparado el Gobierno".

Debido a los 43 acercamientos que ha efectuado el Gobierno, la AVT ha solicitado este viernes una reunión "urgente" con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar este asunto.

"Y no sólo lo hemos hecho por la honda decepción, preocupación y sensación de desamparo que nos producen estos movimientos. También porque todo esto difiere mucho de lo que el propio ministro nos ha asegurado en las reuniones que hemos mantenido con él a lo largo de todo este tiempo", concluye la AVT.

Por su parte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha pedido explicaciones a Interior por el traslado de Igor González Sola a la prisión de San Sebastián.

En un comunicado COVITE muestra su asombro por este traslado "por ser el primero que se realiza, sin tratarse de un tercer grado, a una cárcel del País Vasco bajo el mandato de Grande-Marlaska".

COVITE recuerda que siempre ha establecido "una diferencia entre los traslados que se pudieran producir a cárceles vascas y los que se produjeran a las de otras comunidades autónomas por el objetivo que el PNV manifiesta desde hace varios años de que la competencia de prisiones sea concedida al Gobierno vasco".

"Los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones cuanto ETA mataba. Si ahora que ya no mata quieren serlo es para abrir las puertas de las cárceles. Coinciden con la izquierda abertzale, siempre se han preocupado por buscar vías para ayudar a los etarras a salir de la cárcel, es decir, la impunidad", denuncia la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. 


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