Durante el curso 2015-2016 se han dado parte de 39 intentos de agresión a personal docente en toda Navarra.
La alarma saltó cuando el Departamento de Educación hizo públicos los 39 avisos que ha recibido este curso por agresiones a docentes o trabajadores de los centros educativos. En el curso anterior se habían registrado 20 avisos por agresiones, por lo que de un año a otros se han duplicado los incidentes, si bien es cierto que 21 de las agresiones se han producido en un mismo centro, originadas por dos alumnos con necesidades educativas especiales y que están a cargo de personal cuidador específico.
Para paliar la creciente violencia en los centros educativos, el PPN ha presentado en el Parlamento una propuesta de Ley Foral de Autoridad del Profesorado. En el texto, los populares reclaman que la autoridad del profesorado es inherente al ejercicio de su función docente y como tal ha de ser reconocida.
El partido propone que esta ley se aplique en los centros educativos públicos y concertados de toda Navarra. La finalidad es que se reconozca el derecho de los profesores a que se respete su identidad, integridad, dignidad y consideración por parte del alumnado, sus padres, madres y familiares, así como representantes legales.
LOS ALUMNOS, OBLIGADOS A REPARAR LOS DAÑOS MATERIALES
Según redactan los populares en la propuesta de ley, se concedería al profesorado la figura de autoridad pública. También disfrutarían de presunción de veracidad, así como asistencia jurídica y cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.
Cuando se incurra en conductas de agresión física o moral a los profesores, tal y como sugiere el PPN, se deberá reparar el daño moral mediante presentación de excusas y reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en provado, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil en que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente.
Además, el PPN propone que los alumnos estén obligados a reparar o a hacerse cargo de los costes de reparación de los daños que causen, individual o colectivamente, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las petenencias de otros miembros de la comunidad educativa; también estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído.
