El sindicato ELA ha criticado que se "incumple la ley de Seguridad Vial, que exige que los agentes estén asignados a vigilancia de tráfico".
La sección sindical de ELA en la Policía Foral ha afirmado que las pruebas de alcohol y drogas que realiza el cuerpo policial navarro en Alsasua, Elizondo, Estella, Sangüesa y Tafalla "incumplen la ley de Seguridad Vial, que exige que los agentes estén asignados a vigilancia de tráfico, lo que no ocurre con el personal de dichas comisarías"
El sindicato ha afirmado en una nota que esta situación "se viene produciendo en los dos últimos años, al permitir la realización de las pruebas de alcohol y drogas, con las que posteriormente se procederá contra el conductor, a policías que no están habilitados por ley para la realización de dichas pruebas".
Según ELA, los agentes de las comisarías periféricas pertenecen a la División de Prevención y Atención Ciudadana y las funciones que tienen asignadas, establecidas en el Decreto Foral 72/2016 que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Foral de Navarra, "no incluyen la vigilancia del tráfico, que es la condición que se exige para la realización de las pruebas de alcohol/drogas".
INTENTOS DE CORREGIR LA SITUACIÓN
Por ello, el sindicato considera que las denuncias que puedan realizarse en virtud de estas pruebas, así como las imputaciones en su caso (delitos contra la Seguridad Vial), "estarán viciadas desde el inicio, al realizarse por quien no está habilitado por ley para su realización".
ELA ha afirmado que sus intentos de corregir esta situación "no han sido atendidos ni por el jefe de Policía Foral en un primer momento, ni tampoco por la propia consejera, que a través de la orden foral 52E/2016 desestima las alegaciones presentadas en un recurso anterior".
Sin embargo, "en la argumentación de esa orden foral queda claro que el personal que pertenece a la División de Prevención y Atención Ciudadana (los policías de las comisarías territoriales pertenecen a esta División) no está habilitado por ley para la realización de las pruebas de alcohol/drogas, pero ello no es obstáculo para que sigan realizando pruebas a día de hoy".
"A la vista de la inacción de la consejería", ELA se ha dirigido al Defensor del Pueblo "mediante una denuncia y propuesta de mejora de los servicios públicos".
