• domingo, 26 de septiembre de 2021
  • Actualizado 20:14

 

 
 

Denuncian a dos responsables de régimen interno de Policía Foral por el caso de los agentes expedientados en Tudela

Consideran que han podido cometer diversas infracciones durante el expediente incoado tras la llamada del alcalde de Murchante al comisario de Tudela. 

La Policía Foral advierte sobre la existencia de campañas masivas de estafas telefónicas
Una agente de la Policía Foral maneja un teléfono móvil en una imagen de una intervención anterior. ARCHIVO.

La polémica por el expediente a dos agentes de Policía Foral después de que el comisario de Tudela recibiera una llamada de un alcalde del PSN sigue su curso

Días después de la apertura oficial del expediente disciplinario contra dos agentes por denunciar a los cazadores, supuestamente de manera irregular, se ha interpuesto denuncia contra dos de los mandos de régimen interno de la Policía Foral por la comisión, durante la instrucción del citado procedimiento, de varias presuntas infracciones de carácter grave a su propio código disciplinario, tal y como recoge Ley Foral de las Policías de Navarra. 

Para entender la situación extremadamente convulsa que vive el cuerpo policial hay que recordar que el jefe de la comisaría de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, aprovechó las atribuciones de su puesto para remitir una información a la Brigada de Régimen Interno desautorizando a dos de sus agentes después de haber recibido, supuestamente, presiones del ebntonces alcalde de Murchante, Tomás Aguado (PSN).

Los agentes que intervinieron por la irregularidad en el uso, custodia y documentación de las armas de unos cazadores han terminado expedientados después de que los denunciados alertaran telefónicamente al alcalde de Murchante de lo ocurrido. Fue entonces cuando el propio alcalde, tal y como figura en los informes, telefoneó al comisario de Tudela para pedir explicaciones por la intervención policial que ha ocasionado la incoación de un expediente disciplinario a los dos agentes, así como el archivo de 8 denuncias y el aparente extravío de otras dos.
 
Ahora, los agentes expedientados consideran que desde régimen interno se han cometido diversas infracciones a su propio régimen disciplinario durante la gestión de su expediente, como la emisión de informes tendenciosos que faltan abiertamente a la verdad y el incumplimiento de las órdenes recibidas por escrito por parte de sus superiores, al desobedecer las disposiciones de tramitación de denuncias establecidas mediante un procedimiento normalizado de trabajo interno, emitido por el Jefe de la Policía Foral, de obligado cumplimiento por todo el colectivo. 

Además, el máximo responsable de la Brigada de Régimen Interno e instructor del procedimiento disciplinario contra los agentes ha sido denunciado por el encubrimiento y la tolerancia de dichas infracciones por parte de su segundo al mando, todas ellas de carácter grave, incurriendo según la misma Ley en idéntica responsabilidad que su subordinado.

Cabe destacar que la justificación de incumplimiento del protocolo normalizado de trabajo relacionado con la tramitación de las denuncias a los cazadores propuestas por infracciones al reglamento de armas y la emisión de informes en los que se justifican la tramitación por un órgano incompetente por razón de la materia como es Medio Ambiente, se da por quien ejercía de máximo responsable, con habilitación interina en el empleo de inspector, durante la creación del citado protocolo, tanto desde su revisión inicial como posterior adecuación ante el cambio de normativa años después, siendo tras su personal verificación y conformidad cuando adquirió validez, convirtiendo a dicho mando en perfecto conocedor del mismo e incumpliendo y defendiendo su no aplicación a pesar del pormenorizado conocimiento por su parte. 

Dicho incumplimiento provocó que 5 de las 6 denuncias tramitadas por infracciones al reglamento de armas fueran sustraídas de su cauce procedimental ordinario remitiéndose a un órgano incompetente por razón de la materia que, tras recibir un informe directo por parte de uno de los responsables de la Brigada de Regimen Interno ahora denunciado indicando la improcedencia de las denuncias propuestas por los agentes, archivó sin dar cuenta al órgano competente que, como el protocolo quebrantado establece, es la Delegación del Gobierno en Navarra.

A día de hoy todavía se desconoce el paradero de dos de las denuncias formuladas a uno de los cazadores que, según se ha podido saber, ostenta un cargo de responsabilidad en un coto de caza fuera de la comunidad foral.

LA INTERVENCIÓN CON LOS CAZADORES

Los hechos se remontan al pasado 4 de abril. Por la mañana, la oficina del 112 recibió una llamada de una mujer que alertaba de que unos hombres se encontraban disparando hacia una zona de caminos junto a la vía verde del Tarazonica, y que tenía miedo de pasar por esa zona, por lo que requería una presencia policial.

El 112 trasladó el aviso al Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral, que movilizó a una patrulla formada por dos agentes adscritos a la comisaría de Tudela. Estos hablaron directamente por teléfono con la mujer, que volvió a indicar la presencia de los hombres disparando armas de fuego, lo que le provocaba temor a caminar por la zona.

Los dos policías se trasladaron al lugar, que apenas distaba un kilómetro de la comisaría, y al llegar escucharon varias detonaciones y disparos. Uno de los agentes se bajó del vehículo oficial y se dirigió hacia el grupo de individuos gritándoles que arrojaran sus armas al suelo. Al no saber a lo que se enfrentaba, el policía llevaba desenfundada su arma corta en posición plegada hacia el suelo.

Los hombres, cuatro cazadores que portaban escopetas, hicieron caso omiso a los mandatos del policía y se mostraron con una actitud desobediente y esquiva, no parando de manipular sus armas. Además, se adentraron en una zona de olivares para tratar de que la Policía Foral les perdiera la pista.

No obstante, los dos agentes consiguieron encontrarlos y se hicieron con el control de la situación. Como las explicaciones vertidas por los cazadores no eran muy convincentes, los policías decidieron requisarles las escopetas e informarles de que se les iba a proponer para diversas sanciones administrativas, ya que los acusaron de haber hecho un uso negligente de las armas de fuego. Asimismo, uno de ellos estaba usando una escopeta de la que no era titular, sin aportar el correspondiente documento de cesión; el que se la había cedido tampoco contaba con la documentación necesaria; y otro de ellos había dejado un arma a la vista dentro de un vehículo estacionado a varios cientos de metros del lugar.

Dentro de ese grupo de cazadores se encontraba un responsable del coto de caza de Murchante y otro de un coto próximo a Navarra. Una vez que los policías se marcharon, los hombres se pusieron en contacto con el alcalde de Murchante, que en ese momento era Tomás Aguado (sustituido por Luis Sancho, también del PSN, tras las elecciones locales de mayo). Este, tras conocer la versión que le dieron los cazadores (distinta a la expuesta por los agentes), llamó por teléfono al comisario de Tudela, Miguel Ángel Escudero, para protestar por la actuación de la patrulla.

Estos hechos ocurrieron con bastante celeridad, puesto que cuando los agentes regresaron a la comisaría tras la intervención, el comisario les pidió explicaciones sobre lo sucedido, puesto que ya había recibido la llamada del regidor municipal de la localidad ribera.

A partir de ese momento, las actuaciones internas dentro de la Policía Foral comenzaron a variar el cauce normal que deberían haber registrado. Por un lado, las denuncias a los cazadores emprendieron un camino distinto al reglamentario. Según la normativa que rige las actuaciones del cuerpo policial autonómico (y que es de obligado cumplimiento), en el caso de que se produzca una infracción en el reglamento de armas, esta debe ser remitida a la Delegación del Gobierno, el órgano competente y encargado de tramitarla. De hecho, las armas requisadas sí que fueron entregadas a la Guardia Civil.

Sin embargo, la Unidad de Gestión del cuerpo policial autonómico envió las denuncias al departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, que no es competente en este ámbito. Más adelante, la Brigada de Régimen Interno redactó y envió al citado departamento un informe explicando que, según su criterio, los agentes habían actuado incorrectamente, por lo que lo ponían en su conocimiento para que actuaran en consecuencia.


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