• domingo, 25 de julio de 2021
  • Actualizado 22:14

 

 
 

SOCIEDAD

La Polícia Foral se une al resto de Cuerpos de Seguridad para estrechar el cerco a las desapariciones

Se posibilitará compartir experiencias sobre la forma de actuación de las distintas policías para facilitar la "prevención" de nuevas desapariciones.

Búsqueda de Mamadov Sarr, el desaparecido en las aguas del río Ebro en Lodosa tras caer con el coche. BOMBEROS
Bomberos y Policía Foral durante las labores de búsqueda de una persona. BOMBEROS

La Policía Nacional y la Guardia Civil podrían finalizar tras el verano, junto a la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra y la Policía Foral de Navarra, un protocolo para la mejora de la búsqueda de las personas desaparecidas.

Así lo ha anunciado Jaime Cereceda, director del Centro Nacional de Desaparecidos, en el VI Encuentro Técnico sobre Personas Desaparecidas celebrado hoy en Arrigorriaga (Bizkaia).

Cereceda ha apuntado que el protocolo, en cuya redacción trabajan representantes de estas policías y la Guardia Civil, no será de seguimiento obligatorio, aunque permitirá mejorar la actuación policial, en la medida en que ofrecerá pautas comunes ante los casos de desaparición.

En este sentido, ha destacado que posibilitará compartir experiencias sobre la forma de actuación de las distintas policías para facilitar la "prevención" de nuevas desapariciones, como los análisis de riesgo que realiza la Ertzaintza y en los que es "puntera" en el país.

Estos análisis permiten que, en el momento en que las familias denuncian la desaparición de uno de sus allegados, los agentes les formulan una serie de preguntas para conocer el "riesgo" de este caso.

Cereceda, que ha destacado que en 2017 se registraron en España 2.928 denuncias "activas" de desapariciones, ha dado a conocer que una media de 200 casos al año en este país no se resuelven.

Este especialista también ha apuntado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan, junto a las policías autonómicas, en la modificación de las "tipologías" de desapariciones, que en la actualidad se dividen en voluntarias, involuntarias (debidas a una razón desconocida) y forzosas.

Dentro de la última clasificación figuran las ausencias como consecuencia de un acto criminal y, en esta catalogación, ha revelado que se estudia incluir también a los menores que han sido obligados a abandonar su hogar por parte de sus padres.

Sobre la situación de estos menores, que se ven obligados a vivir en las calles, ha considerado que "se habla muy poco" en España, al tratarse de situaciones difíciles de registrar, dado que los padres rehúsan interponer denuncia.

Sin embargo, ha recordado que los casos pueden ser contabilizados gracias al testimonio de otros allegados, como sus amigos o educadores.

Cereceda ha recordado que responsables del Centro Nacional de Desaparecidos mantienen "reuniones periódicas" con los familiares de las personas desaparecidas para conocer sus necesidades.

De igual forma, ha dado a conocer que el Gobierno central estudia poner en marcha un portal estadístico que, cada seis meses, ofrezca nuevos datos sobre personas desaparecidas y desglose distintas variables que permitan la prevención de nuevos casos.

Humberto Trujillo, catedrático de Psicología de la Universidad de Granada, ha afirmado que, entre los entornos críticos para que se produzcan desapariciones figuran, además de zonas marginales o centros de acogida, los contextos urbanos de alto nivel socio-económico y las universidades.

Trujillo ha asegurado que, en determinadas universidades, la mayoría de estudiantes extranjeros proceden del Magreb y mantienen "cierto nivel desadaptación social", que pueden hacerles más vulnerables a la manipulación por parte de terceros.

También ha explicado que en contextos urbanos de alto nivel socio-económico las personas que desaparecen lo hacen en su mayor parte de forma voluntaria, al no disponer de estrategias para hacer frente a situaciones personales complicadas.

Sobre el perfil de las personas inductoras de desapariciones forzadas, ha afirmado que, entre otros rasgos comunes, tienen inteligencia media-superior, intolerancia al afecto, falta de remordimientos, vida sexual "insólita y sin restricciones desde muy jóvenes" y una actitud antisocial antes de los 23 años.

Este catedrático ha asegurado que, si las instituciones no trabajan en la prevención, "cada día habrá más casos de desaparecidos, como sucede en Estados Unidos".

Por su parte, Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha señalado la conveniencia de crear un estatuto jurídico de las personas desaparecidas, cuyo diseño responde a las conclusiones de un informe elaborado por el Senado en 2014.

Antes de participar en una mesa redonda sobre este tema, Ibarra ha dicho a Efe que este estatuto supone que, "en la práctica" el tratamiento a los familiares de una persona desaparecida sea "igual o similar" al de la víctima de un delito, por lo que serían atendidas por la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito.

También supondría, según ha destacado, que en el ámbito civil se adapten al siglo XXI las situaciones de declaración de ausencia y de fallecimiento, que no se han visto modificadas desde hace un siglo.


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