El respaldo de UPN y PPN ha sido insuficiente ante el rechazo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de PSN.
El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PPN e I-E y la abstención de PSN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “recuperar las ayudas para la promoción de vivienda de alquiler, en una cuantía suficiente para facilitarlas”.
La moción incluía un segundo punto, desestimado por falta de apoyos, emplazando al Ejecutivo Foral a “destinar anualmente una cantidad mínima de 5 millones de euros para ayudas a la promoción de vivienda de alquiler, con una previsión mínima para toda la legislatura de 20 millones de euros”. El respaldo de UPN y PPN ha sido insuficiente ante el rechazo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de PSN.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado igualmente desechado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “destinar, en cualquier caso, el cien por cien de la recaudación por IVA en la compraventa de vivienda protegida a nutrir las ayudas para la promoción de vivienda en alquiler tanto nueva como en rehabilitación de antigua, para su destino al alquiler con compromiso de permanencia en esta situación”. En este caso, PSN ha sumado su voto en contra a los de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. UPN y PPN han votado a favor.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han presentado una enmienda in voce, no admitida por UPN, titular de la iniciativa, tendente a “concretar, en el marco del Plan Estratégico de Vivienda a desarrollar en 2016 y en consonancia con su Acuerdo Programático, la inversión prevista en materia de ayudas a la promoción de vivienda de alquiler”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P UPN y dimanante de la interpelación formulada en Pleno el pasado 29 de octubre, esgrime que el número de personas en situación de demanda de vivienda de alquiler, unas 4.000 según consta en dicho censo, choca con la pretensión de reducir dicho parque en unas 600 unidades, según estimaciones del Consejero de Derechos Sociales, y también con la limitación de la desgravación fiscal a las VPO.
