• jueves, 28 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

La Red contra la Pobreza presenta un plan navarro para evitar una crisis social por el coronavirus

La organización asegura que, antes de la pandemia, un 12,6 % de la población de la Comunidad foral estaba afectada por el riesgo de exclusión.

Imagen de pobreza
Un hombre pide dinero en una calle. ARCHIVO

La Red Navarra para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión ha presentado un Plan Social que tiene como objetivo “evitar pasar de una situación de emergencia sanitaria a una situación de emergencia social”.

Desde la Red, formada por 30 entidades navarras, han incidido en la importancia de "señalar el punto de partida en el que se encontraba la sociedad navarra antes del estado de alarma", con un 12,6 % de la población, casi 82.000 personas afectadas por el riesgo de exclusión.

Jesús García Salguero, portavoz de la Red, ha apuntado que “seguramente son estas personas quienes más han sufrido el confinamiento por varias razones”, ya que, ha indicado, son las que peores viviendas tienen, han sufrido situaciones de hacinamiento y pobreza energética o no tienen hogar.

Para ellos han presentado una batería de medidas, unas en materia general y otras específicas que incluyen el refuerzo del sistema de garantía de ingresos y apoyo a la vivienda, y que se adapten a las necesidades “de toda la población para garantizar que todas tengan acceso a afrontar los gastos de alquiler, transporte y alimentación”.

García ha celebrado que se haya agilizado la tramitación de prestaciones como la renta garantizada o las del departamento de Vivienda, al haber reducido requisitos y ampliado cuantías. Han pedido que ésta “no sea una decisión puntual sino que se mantenga” por lo menos hasta final de año “por posibles nuevos repuntes y porque la situación de personas vulnerables no va a mejorar”.

Ha llamado a “aprender del pasado más reciente”, el de la crisis de 2008, y por ello ha pedido “no repetir el error, porque las medidas se centraron en la recuperación económica y no en las personas”.

Por ello, han solicitado un plan de choque social, “en el que las personas tengan un peso significativo” y que sea además “eficiente y rápido”, además de consensuado con los actores estratégicos en el ámbito social públicos y privados.

En materia de servicios sociales, ha solicitado más inversión y más recursos humanos “porque solo así se podrán realizar intervenciones efectivas”, al tiempo que ha advertido de que la crisis sanitaria “ha revelado situaciones que parecían ocultas en materia residencial”.

En servicios residenciales, ha detallado, es necesario mantener los creados en estos meses “para dar respuesta a la situación de personas sin hogar, con patologías duales o víctimas de violencia de género”, además de explorar nuevos recursos e innovaciones para estas personas.

García ha pedido la garantía de derechos “para todas las personas” y ha apuntado que por ello “el acceso a una prestación no debe estar enlazado a un empadronamiento”.

En materia de brecha digital, ha solicitado que “las personas puedan acceder en igualdad de condiciones al sistema”, tanto a las ayudas como a recursos educativos y laborales, al tiempo que ha advertido de que las personas más vulnerables “tienen dificultades para acceder tanto a equipos informáticos como a conexiones de Internet”.

En salud mental, ha pedido el desarrollo del tercer Plan de Salud Mental, “un ámbito que ya venía arrastrando problemas para asimilar el volumen de la demanda” y ha solicitado que los recursos activados para prestar ayuda en la emergencia sanitaria se mantengan.

En referencia a la infancia y juventud, ha advertido que “los menores no van a salir de esta fase de la misma manera”, con una brecha entre quienes han dispuesto de estructuras familiares y capacidad para acompañar y quienes no, por lo que cree que “las dificultades educativas se van a ampliar”.

Al respecto ha solicitado que se realice una evaluación integral del alumnado, un diagnóstico del impacto en la juventud, además de la implementación de medidas de refuerzo educativo.

Por último, han pedido que el Gobierno de Navarra asuma las competencias del Centro Penitenciario de Pamplona, que ha vivido “carencia de profesionales” en los últimos meses, por lo que han exigido “no retornar a esa situación e implementar medidas de higiene y el retorno a los programas habituales para reclusos”. 


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