Desde el Colegio de Ingenieros de Navarra han pedido en el Parlamento la revisión de la normativa foral de placas fotovoltaicas.
Una representación del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra ha pedido en el Parlamento que se revise la normativa foral que prohíbe la instalación de placas fotovoltaicas en los cascos antiguos de todos los pueblos de Navarra, para poder derogarla o al menos "matizarla".
Así lo ha manifestado este miércoles en una sesión de trabajo de Desarrollo Económico el colegiado Pablo Mendívil, que comparecía junto a su compañero Javier Zardoya a petición de PSN para exponer la problemática existente al instalar placas fotovoltaicas en los cascos históricos de las ciudades y los pueblos navarros.
Según ha explicado, en Navarra existe una normativa que prohíbe la instalación de placas "que dan tan buen resultado" como las fotovoltaicas.
"Si se pretende instalar en una cubierta nueva o rehabilitada en el casco antiguo de Pamplona sin ningún tipo de problema técnico te encuentras con la negativa, obligados por esta norma foral que las prohíbe sin ningún tipo de justificación técnica más allá de un posible impacto meramente visual", ha lamentado.
En este sentido, ha considerado que "quizás procede revisar estas resoluciones", con el fin de determinar si sería posible derogarlas o "matizarlas, como mínimo," para "darles algún matiz, más allá de prohibir todo porque sí".
Además, ha subrayado que los cascos antiguos habitualmente son zonas habitadas "por gente muy involucrada con las energías verdes, la bicicleta o con reducir la contaminación".
"Y precisamente, estos vecinos son los únicos de cada ciudad que por ley no pueden poner placas fotovoltaicas y contribuir a esta reducción de las emisiones", ha denunciado.
Igualmente, ha asegurado que "a vista de pájaro", estéticamente "no diferiría mucho" una placa fotovoltaica de la cubrición de un patio interior.
En esta misma línea se ha mostrado el colegiado Javier Zardoya, que ha garantizado que "el impacto visual que tiene este tipo de estructuras no es tan importante como para tener una prohibición", siempre "respetando que haya zonas puntuales en las que haya que tener algún tipo de limitación que se podría definir".
A su juicio, este tipo de instalación contribuiría a "cumplir los objetivos de reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático". También ayudaría a cambiar los roles de los usuarios, al pasar de "meros consumidores" a productores de parte de su energía.
Zardoya, que ha subrayado que son un "elemento clarísimo de lucha contra la pobreza energética", ha destacado que esta medida posibilitaría la reducción de las facturas de personas que se encuentran viviendo en edificios tutelados.
Tras apuntar que este tipo de tecnología facilitaría una transición hacia "nuevos modelos energéticos", ha añadido que también podría suponer el desarrollo de ingenierías, instaladores o distribuidores de material, entre otros empleos.
Asimismo, ha anunciado que estas instalaciones podrían conllevar el desarrollo de nuevas figuras en las empresas de servicios energéticos, como son los agregadores de recursos energéticos distribuidos, quienes ayudarían a que estas energías se puedan distribuir dentro de las viviendas.
"Decir que no al desarrollo de este tipo de tecnologías en todos los entornos urbanos tiene poco sentido si pensamos en el desarrollo de los municipios, de las ciudades y de la comunidad", ha concluido.
