Los pensionistas navarros han solicitado al Parlamento foral que complemente en Navarra las pensiones para que estas tengan cuantías mínimas de 1.080 euros en cuanto no se establezca esta cifra como la mínima legal establecida por parte del Gobierno central.
Esta es una de las medidas que incluye el texto entregado este lunes en la Cámara por representantes del movimiento de pensionistas de Navarra, impulsado por Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia, en el que insisten en la necesidad de que se establezcan una pensiones dignas.
Previo a la entrega de este documento varios centenares de pensionistas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento y han marchado en manifestación hacia el Parlamento coreando proclamas como “fuera ladrones de las instituciones”, “no es crisis, es capitalismo” o “terrorismo es no llegar a fin de mes”.
Entre las reclamaciones plasmadas en este texto, los pensionistas navarros han solicitado también al Legislativo una mejora en la atención a la dependencia y que se amplíe la partida destinada a la ayuda a domicilio de personas solas y a los servicios sociales, así como una reducción en la lista de espera sanitaria.
Han pedido también que se garantice una red de residencias públicas para la tercera edad en todo el territorio, cercanas al domicilio de los usuarios y que sean accesibles para todos los niveles económicos, así como un sistema de ayudas al copago farmacéutico que acceso automático y carácter mensual “para que nadie tenga que elegir entre medicarse o cubrir otras necesidades básicas”.
Asimismo, han reclamado un bono energético mediante el acuerdo del Gobierno de Navarra con las empresas energéticas y un transporte urbano e interurbano en tren y autobús subvencionado totalmente a pensionistas con retribuciones por debajo de los 1.080 euros.
Conscientes de las limitaciones del Parlamento de Navarra, en esta misiva el movimiento de pensionistas ha reclamado a los grupos presentes en la Cámara que promuevan una Declaración Institucional en la que soliciten la integración de los presupuestos de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, han pedido que se contemplen partidas para establecer una pensión mínima de 1.080 euros, la revalorización de las pensiones en función del IPC como mínimo así como la derrogación del Factor de Sostenibilidad y de los aspectos más regresivos de las reformas de pensiones del 2011 y 2013.
Con el objetivo de reducir la brecha de género, han planteado medidas como la asignación de periodos de cotización por cese de actividad laboral motivados por el cuidado de familiares y por el nacimiento de hijos, así como el reconocimiento como pensión no contributiva de la dedicación de la mujer al hogar familiar.
Los pensionistas se han mostrado conscientes de que para cumplir sus reivindicaciones es necesario derogar la reforma laboral y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros.
Igualmente, han indicado, sería necesaria “una política fiscal que prime la equidad fiscal la progresividad impositiva , la persecución del fraude y el desvelamiento de la economía sumergida”, así como la eliminación de las desgravaciones a Planes Privados de Pensiones para conseguir mayores ingresos y reducir los privilegios promovidos por la Administración.
