• jueves, 17 de junio de 2021
  • Actualizado 06:50

 

 
 

SOCIEDAD

"No queremos más contratos fraude": la manifestación que ha recorrido Pamplona indignada con la Administración

La plataforma Temporales Públicos en Abuso de Temporalidad ha reivindicado un pacto de "contra la precariedad y el abuso de la temporalidad en el sector público".

Caravana de coches de la Plataforma Temporales Públicos en Fraude de Ley para protestar por el "uso abusivo de la contratación temporal en las Administraciones Públicas". PABLO LASAOSA
Caravana de coches de la Plataforma Temporales Públicos en Fraude de Ley para protestar por el "uso abusivo de la contratación temporal en las Administraciones Públicas". PABLO LASAOSA

Una caravana de alrededor de 60 coches, convocada en Pamplona por la plataforma Temporales Públicos en Abuso de Temporalidad (TPAT), ha reivindicado este domingo un pacto de Estado "contra la precariedad y el abuso de la temporalidad en el sector público" así como la suspensión de las Ofertas Públicas de Empleo que afecten a plazas en "fraude de contratación".

La movilización responde a una convocatoria a nivel nacional de la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley que ha tenido lugar también este mismo domingo en otras ciudades de España. 

En Pamplona la marcha ha salido pasadas las 11.00 horas del parking de la UPNA y ha recorrido las calles de Pamplona para regresar de nuevo al aparcamiento del centro académico. Los vehículos, adornados con globos de varios colores y con carteles con sus reivindicaciones, han hecho sonar su bocinas a lo largo de toda la marcha. Uno de los vehículos emitía por megafonía el manifiesto de la plataforma junto con una canción compuesta para esta reivindicación.

En este manifiesto, la plataforma ha reclamado "la regularización administrativa de la fijeza" para los trabajadores públicos "que sufrimos abuso en la contratación temporal". "Los trabajadores públicos temporales nos sentimos totalmente desprotegidos por parte de nuestro Gobierno y nuestras Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva Europea 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España", ha censurado.

"No queremos más contratos en fraude, ni que nos echen a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público", continúa el manifiesto de la plataforma, que ha reclamado "que se cumpla la ley, al igual que se hace en el empleo privado, para que podamos continuar en nuestros puestos de trabajo, máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito, capacidad e igualdad".

Asimismo, ha recalcado que "no somos enchufados que han entrado a dedo" ni "privilegiados" sino "los que cubrimos los puestos que nadie quiere, los de peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a los que nadie quiere ir".

Por todo ello, la plataforma ha reivindicado que la Administración "cumpla con el derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal para determinar si incurre en abuso de temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa".

Asimismo ha reclamado al Ejecutivo central que atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, "adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad" y que "deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera".

Por otro lado, ha exigido que "se posponga la ejecución de toda Oferta de Empleo Público que afecte a nuestras plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad"; y que las fuerzas políticas promuevan un pacto de Estado que permita "reducir la temporalidad fraudulenta o abusiva al 0% en el sector público".

Finalmente, han demandado una vía de diálogo con el Gobierno que permita la participación del colectivo "en la adopción de políticas públicas, en la elaboración de la normativa que nos afecta directamente y en la puesta en marcha de las medidas propuestas".


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