EDUCACIÓN

Critican el "perjuicio" para los aspirantes en castellano en la OPE de inspectores de educación

UPN ha calificado de "totalmente injustificado y absurdo" que la convocatoria "posibilitase que los aspirantes a las plazas en euskera la pudiesen realizar en castellano".

Imagen de archivo de un examen de oposiciones EFE Archivo
Imagen de archivo de un examen de oposiciones EFE Archivo  

UPN y PSN han cargado contra el departamento de Educación del Gobierno de Navarra por el nuevo recurso de alzada presentado a las listas de aspirantes para puestos de inspector.

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha reprochado el "perjuicio causado a los aspirantes en castellano" de la convocatoria realizada para la constitución de una lista para la provisión temporal, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo de inspector de educación. Para Catalán, "es un nuevo caso de sectarismo y nefasta gestión del Departamento de Educación".

El parlamentario de UPN ha calificado de "totalmente injustificado y absurdo" que la convocatoria "posibilitase que los aspirantes a las plazas en euskera pudiesen realizar en castellano la presentación de la memoria y su defensa". "Es decir, para plazas en castellano, pruebas en castellano, y para plazas en euskera, si querían, también en castellano. De este modo, se daban dos oportunidades a los aspirantes en euskera y una a los de castellano, en un evidente menosprecio del Departamento hacia las personas que no conocen el euskera", ha criticado.

"Llama también la atención que la presidenta del tribunal de castellano sea una inspectora que obtuvo su plaza hace unos meses por euskera y que pudiera estar todavía en prácticas. Y que, además, fuese de nivel B. ¿No hay inspectores con más experiencia, de carrera y que sacarán su plaza en castellano?", se ha preguntado.

Según Catalán, "las diferencias que se han producido en las evaluaciones entre los aspirantes han sido más que notables". "Diferencias que se acentúan a la hora del tratamiento realizado por los dos tribunales configurados al efecto, uno de castellano y otro de euskera, ya que da la impresión que no ha existido coordinación entre los dos tribunales, que no se han compartido criterios e indicadores de evaluación", ha señalado.

Así, ha considerado "incomprensible" que en las calificaciones de la memoria en el caso de las plazas en castellano "se utilicen hasta cuatro decimales y en las de euskera una décima o un entero. Y existan desviaciones de hasta 3,5 puntos en algún caso". "De ahí los resultados, 23% aprobados de los presentados en castellano y 77% de los de euskera", ha asegurado.

El regionalista ha criticado también que la fecha de la publicación de la convocatoria en el BON fue el 21 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de Navidad. "Esa circunstancia, unida al plazo que se dio para presentar las solicitudes y documentación requerida, condicionó y limitó la presentación de solicitudes por parte del personal docente. Los aspirantes debieron hacer la memoria requerida durante las vacaciones navideñas y presentarla antes del 16 de enero. Las personas que durante las vacaciones no conocieron la existencia de esta convocatoria carecieron de tiempo material suficiente a la vuelta de Navidad para poder presentar la documentación", ha censurado.

En opinión de Catalán, "con esta coyuntura, los funcionarios que trabajan en el propio Departamento tuvieron más posibilidades para conocer y presentarse a dicha convocatoria". De hecho, ha resaltado, "entre los presentados se encontraba el jefe de la Sección de Planificación, Ordenación y Desarrollo de FP, el jefe de la Sección de Evaluación, que luego recurría su inadmisión; la jefa de Negociado de Necesidades Educativas, la asesora de Formación, un inspector interino, la jefa de Negociado de los Centros de Apoyo al Profesorado, el director del CREENA, que accedió al cargo gracias a saber euskera; y una asesora de CAP".

Para parlamentarias de UPN, "que coincida tanto cargo haciendo las pruebas con el final de legislatura da la impresión que es una oportunidad que Educación ha establecido para que algunos encuentren otra ocupación en el Departamento y no vuelvan a la docencia. O quizás sea una huida. Acaba la legislatura, cambia el gobierno y algunos aprovechan la situación para salir corriendo".

Finalmente, el portavoz regionalista en la Comisión de Educación ha manifestado que la situación generada con esta convocatoria "vuelve a demostrar que el Departamento sigue sin actuar con rigor y objetividad". "Siguen generando incertidumbre, inseguridad y primando los interés políticos y partidistas por encima de los pedagógicos y educativos. Una vez más, hemos visto a la casa de los líos en acción", ha concluido.

PSN DENUNCIA "DESCONCIERTO" EN EDUCACIÓN

Por su parte, el parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha afirmado que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra está en una situación de "desconcierto" tras conocerse un nuevo recurso de alzada presentado a las listas de aspirantes para puestos de inspector.

Carlos Gimeno ha señalado en una nota que, "si la pasada semana el recurso de alzada era de un jefe de Sección, en la presente se vuelve a presentar un nuevo recurso, que en este caso se añade al de las personas que superaron la prueba y a las que se les aplicaron mal los baremos correspondientes".

Para los socialistas, "es desconcertante que sean recurridas, de forma reiterada, unas pruebas tan fundamentales como éstas". "Es el Cuerpo de Inspección de Educación el garante del sistema educativo navarro", han añadido.

El PSN ha afirmado que "el cúmulo de incidentes en la fase selectiva y el hecho de que el departamento no ha contestado a las peticiones de información de los socialistas hace que no se logre entender lo qué está pasando en Educación en relación a esta cuestión".

Entre otros asuntos, el PSN ha preguntado por la situación administrativa de la presidenta del tribunal de castellano, para conocer si "existe posibilidad alguna de que, siendo funcionario en prácticas, en este caso sin la adquisición de condiciones de permanencia, estabilidad y propiedad en el cuerpo al que se ingresa, pueda realizar funciones tan fundamentales y de tanta responsabilidad como las que el departamento de Educación le ha encomendado como presidir un tribunal".

Asimismo, el PSN ha señalado que el acta publicada por el departamento referida a la baremación de los aspirantes aprobados en la lista de castellano "sólo aparece firmada por la presidenta del tribunal, estando ausente la firma de las dos inspectoras que también realizaron la valoración de la prueba de defensa de la memoria en castellano en una primera instancia, para hacerlo en esta segunda ocasión todo el tribunal al completo".

Para los socialistas, "las cuestiones pueden estar rodeadas de legalidad, pero no parece recomendable que un funcionario en prácticas del cuerpo de profesorado presida el tribunal de acceso a la función pública, cuando menos no es usual, cuestión que seguramente se fundamenta porque se está dando de hecho una situación de consolidación y superación de la fase de prácticas sin haber terminado el periodo de formación y sin haber realizado la valoración-evaluación de esa fase".

El PSN ha preguntado por esta cuestión y ha asegurado que no ha recibido respuesta referente a "cómo se define la fase de prácticas del cuerpo de inspectores y en qué consiste la formación inicial del mismo, se desconoce cuál es el programa formativo y cómo se evalúa esa fase de formación, además de no conocer cuáles son los plazos y tiempos".

Carlos Gimeno se ha preguntado si "no ha existido posibilidad en todo este proceso de nombrar a un inspector o inspectora de carrera, con plaza en propiedad, en idioma castellano para presidir un tribunal de acceso a la inspección en castellano, desconociéndose la causa en el momento actual". "Parece curioso cuando menos observar cómo un funcionario de nivel B en la administración, aunque esté en prácticas o en funciones de nivel A, evalúa a funcionarios de nivel A", ha apuntado.

El parlamentario socialista ha señalado que, "ante la ausencia de Secretaría General Técnica, es conveniente apelar a preservar la seguridad jurídica si además ésta podría ponerse en cuestión al nombrarse una funcionaria como presidenta del tribunal de castellano cuando aprobó las pruebas selectivas por la modalidad lingüística de euskera, manifestándose una situación cuando menos extraña".

Gimeno ha considerado que si se convocan las diferentes pruebas de la Administración con dos listas, para la participación de aspirantes a diferentes puestos de la administración pública, en castellano y en euskera posteriormente, "parece que la circunstancia es ambivalente, el aprobado por euskera también sirve para las plazas de castellano y no se circunscriben sus funciones laborales actuando en el idioma por el que obtuvo el aprobado".

El parlamentario socialista ha señalado que, "si ya hemos observado toda la legislatura el abuso en completar plazas de euskera con horas de castellano ahora parece que obtener una plaza en euskera habilita también para realizar funciones en castellano, aplicándose funcionalmente una lista única en el Cuerpo de Inspección y no asegurándose la buena imagen de una convocatoria y la preservación de los principios de mérito y capacidad".


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