Navarra no ha recibido por el momento la solicitud de ningún paciente para poder ejercer su derecho a la eutanasia, según ha informado la consejera de Salud, Santos Induráin, que ha destacado que en el proceso para garantizar el acceso a este servicio en la comunidad “ha primado el rigor, la solidez y la participación”.
Induráin ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del PSN junto con la directora de Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, Geno Chando, para informar sobre la Ley de regulación de la eutanasia (LORE) y su aplicación en la Comunidad Foral.
“A día de hoy cualquier navarro ya puede ejercitar este derecho legal en toda su extensión, aunque no nos consta que haya habido ninguna petición en este tema”, ha informado la consejera dejando claro que este asunto “está sujeto a la más estricta confidencialidad”.
A juicio de Induráin, el derecho a la eutanasia “en Navarra se ha llevado con gran calidad” a través de “un proceso en el que ha primado el rigor, la solidez y la participación” y en el que se han recogido 71 aportaciones de 17 colectivos a través de su exposición en Gobierno Abierto, lo que a su parecer “refleja el interés” de la ciudadanía y “una participación real”.
Del total de aportaciones recibidas, ha informado Chando, se han tenido en cuenta aproximadamente dos tercios puesto que el otro tercio “corresponden a opiniones o a observaciones sobre la pertinencia o no de la ley, cuestiones que quedaban fuera de este decreto foral”.
El primer mandato que establecía la ley era la elaboración del manual de Buenas Prácticas, que fue aprobado el 7 julio en la Interterritorial, mientras que el decreto foral que por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Foral de Navarra y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia fue aprobado el 29 de julio.
Las funciones de esta comisión, ha destacado Chando, “son claves porque no corresponden solamente al ámbito de las reclamaciones o del asesoramiento, sino que tiene un papel fundamental para verificar en cada caso concreto”.
En el caso de que un ciudadano realice una solicitud de eutanasia a un profesional objetor, ha explicado la consejera, el procedimiento establece que “esto se traslade inmediatamente al responsable” de cada centro para que se pueda designar otro profesional y ha garantizado que en ningún caso “se va a quedar en el aire sin saber qué ha pasado con una petición”.
La consejera ha recordado que el derecho a la eutanasia se enmarca en una apuesta más global en la atención al final de la vida que ya venía desarrollándose en Navarra a través del Observatorio de la Muerte Digna, la Estrategia de Cuidados Paliativos, el registro de voluntades anticipadas y la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario.
En referencia a esto, Induráin ha recordado que en Navarra hay 11.000 documentos de voluntades anticipadas, “la tasa más alta de todo el Estado” representando a un 1,6% de la población y con “una tendencia creciente en los últimos meses”, si bien ha reconocido que "hay que avanzar en su difusión".
Para Patricia Fanlo, del PSN, la LORE es “un nuevo hito en el reconocimiento de un nuevo derecho y una nueva conquista de libertad” al tiempo que ha criticado que comunidades como Madrid o Andalucía aún no hayan regulado la comisión necesaria para su solicitud, lo que “demuestra una alarmante falta de voluntad política y una nula empatía con el que está sufriendo”.
Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha criticado el “interés político por aprobar una ley de forma precipitada y apenas sin participación” dando 3 meses de tiempo para su aplicación que “no han sido suficientes” para formar a los profesionales, definir protocolos y garantizar el derecho a la objeción de conciencia.
Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha mostrado su preocupación al considerar que esta ley “es más garantista con los profesionales que con los pacientes” y ha defendido que esta “debería suponer un acompañamiento integral a todas las personas en su autonomía en la toma de decisiones hasta el final de la vida”.
Desde EH Bildu, Txomin González ha mostrado su temor a que esta ley acabe igual que la del aborto, “en un camino tortuoso que ha costado décadas poder encauzar”, y ha criticado las presiones “que desde la derecha se fomenta y se practican” y pueden derivar en la objeción de profesionales.
Mikel Buil, de Podemos Ahal Dugu, ha coincidido en que la ley cuida más a profesionales que a pacientes comentando que “quien lo practique no va a ser anónimo y podemos hablar de un conjunto de presiones” y ha apostado por que la eutanasia se haga “a través de un diálogo muy cercano con el profesional” como sucede con los cuidados paliativos.
