El Gobierno de Navarra trabaja, a través de la Dirección General de Justicia, en un proyecto junto a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en concreto con el equipo que encabeza el catedrático Humberto Bustince, que apuesta por la inteligencia artificial en el desarrollo de políticas públicas en materia de ejecución penal.
El proyecto, que se enmarca en los planes existentes para la denominada 'Justicia 2030', tiene como objetivo aprovechar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para el diseño de los itinerarios de reinserción, así como para la puesta en marcha de diversas alternativas a la pena privativa de libertad que ofrece la ley. Unas alternativas que, con demasiada frecuencia, no se hacen realidad por falta de medios y de la información que los operadores jurídicos necesitan para poder aplicarlas, ha informado el Gobierno foral.
El director general de Justicia de Navarra, Rafael Sainz de Rozas, ha explicado que en el marco de la actual sociedad digital, se trata de que las políticas de ejecución penal "tomen como base los datos, no las intuiciones; y que lo hagan de un modo permanentemente actualizado, mejorando con cada nuevo caso la eficiencia de esas políticas".
"Queremos poner la tecnología al servicio de las personas, tanto las que en un momento de sus vidas tienen problemas con la justicia, como las que sean víctimas de un delito y las que desde la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía y el trabajo social deben procurar, en el marco de la ley, que la respuesta a ese delito sea en cada caso la más adecuada para conseguir un doble objetivo: la reinserción de quien lo cometió y la reparación a la víctima", ha dicho.
Este proyecto de Navarra, ha indicado el Ejecutivo, coincide plenamente con los valores del programa 'Justicia 2030', plan lanzado por el Ministerio de Justicia para la modernización de la administración de justicia española. Se trata de un plan con diversos aspectos, entre los cuales destaca lo relativo al uso de la ingeniería de datos y la inteligencia artificial en el diseño de las políticas públicas.
Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema público de justicia, tanto de cara a las decisiones que sobre él deban adoptar las administraciones públicas, como para facilitar su labor a jueces, letrados, funcionarios y resto de actores que en él intervienen, ha precisado.
Sainz de Rozas ha querido destacar que "Navarra puede aportar mucho en la modernización tecnológica de la justicia, por contar con un grupo de trabajo en la UPNA, que es pionero a nivel europeo en inteligencia artificial, y con una empresa pública, como TRACASA, que lleva años desarrollando el sistema de gestión procesal más avanzado del Estado".
Sainz de Rozas ha detallado que ese sistema de gestión procesal, Avantius, "coloca a Navarra en la vanguardia de la digitalización de la justicia, y viene demostrándose como una herramienta muy adecuada al servicio de la judicatura".
"El objetivo de lo que se consiga generar en materia de inteligencia artificial será el mismo, ofrecer a jueces, fiscales y todos los operadores jurídicos las herramientas más modernas y precisas para que puedan desarrollar su labor de forma eficiente", ha subrayado Sainz de Rozas.
