Las comunidades navarra y valenciana abren vías de colaboración en materia de promoción de vivienda pública innovadora.
Los vicepresidentes y consejeros de Vivienda del Gobierno de Navarra y la Generalitat Valenciana, José Mª Aierdi y Héctor Illueca, han mantenido en Valencia un encuentro de trabajo para compartir actuaciones y políticas de vivienda que están llevando a cabo sus respectivos ejecutivos autonómicos y para abrir vías de colaboración institucional que "contribuyan a mejorar la promoción de vivienda pública sostenible e innovadora, fortalecer el parque público de alquiler o recuperar la función social de la vivienda, entre otros objetivos".
Durante la reunión, tanto José Mª Aierdi como Héctor Illueca han abogado por impulsar, desde el ámbito autonómico, un "pacto estatal por la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda asequible de las personas jóvenes" y por elaborar "una propuesta plural y ambiciosa que podamos trasladar e incorporar a la futura Ley estatal de Vivienda desde nuestros respectivos marcos competenciales".
La "creciente demanda" de vivienda de alquiler por parte de personas jóvenes, en contraste con "la falta de respuesta en la oferta de vivienda asequible" que ha habido durante los últimos años, es unas de las preocupaciones que han compartido ambos responsables, ha indicado en un comunicado el Gobierno foral.
Este ha sido uno de los principales puntos abordados en la reunión bilateral que han mantenido en el Palau de Pineda de la capital valenciana el vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat de Valenciana, Héctor Illueca, y el también vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ejecutivo foral, José Mª Aierdi, quienes han estado acompañados por los responsables autonómicos de Vivienda de sus respectivos equipos, Eneko Larrarte y Alejandro Aguilar, entre otros cargos y técnicos de ambos departamentos.
El objetivo de esta cita, que se ha producido en el marco de un encuentro sectorial sobre vivienda y emancipación juvenil organizado por la Generalitat Valenciana, es desarrollar el acuerdo programático de los respectivos gobiernos en materia de vivienda, que "coinciden en la apuesta por la rehabilitación energética y el fortalecimiento de la vivienda protegida y el parque público de alquiler para asegurar su función social".
"Los gobiernos de perfil progresista estamos llamados a introducir cambios estructurales en las políticas de vivienda y a aplicar medidas lo suficientemente audaces como para que posibiliten un giro respecto a la cultura del ladrillo y la especulación en ámbitos inmobiliarios que ha imperado durante las últimas décadas y que el acceso a una vivienda de calidad y asequible sea un derecho efectivo para todas las personas", ha señalado el vicepresidente Aierdi, haciendo una mención expresa a las experiencias y políticas que ya se vienen aplicando en comunidades como la navarra o la valenciana.
En este sentido, los vicepresidentes Aierdi e Illueca han compartido la necesidad de que sus respectivos gobiernos sigan impulsando "políticas transformadoras del mercado de la vivienda", así como han puesto en común las buenas prácticas en promoción de vivienda pública de alquiler, programas de ayudas a colectivos como jóvenes, familias vulnerables o personas desempleadas, las estrategias de rehabilitación y regeneración urbana, las acciones públicas para movilizar viviendas vacías hacia el mercado de alquiler o la necesidad de "institucionalizar alternativas habitacionales frente a los desahucios".
Asimismo, han tratado las fuentes de financiación pública adicionales a las de sus respectivos gobiernos, como son las ofertadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, o los MRR de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en materia de vivienda y rehabilitación.
El Gobierno de España aprobó recientemente un anteproyecto de ley de vivienda que, entre otras novedades, establece las llamadas "zonas tensionadas" para aplicar medidas de regulación de los precios en los alquileres, los bonos para personas jóvenes de ayuda a la renta de alquiler -el equivalente al programa EmanZipa que Navarra activó en 2018- o la reserva de un 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda protegida -que en la Comunidad foral se elevará hasta el 50%-, entre otras reformas estructurales, ha recordado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Aierdi e Illueca han contrastado los respectivos marcos normativos y la "necesaria coordinación" con el nuevo texto legal para "adaptarlo a las realidades competenciales de determinadas comunidades autónomas que ya están avanzado normativas en estas mismas líneas de trabajo".
En el caso de Navarra, la Comunidad foral, junto con el País Vasco, tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y no está incluida en el Plan Estatal de Vivienda al contar con una hoja de ruta propia, derivada de su específico régimen tributario. "No obstante, Navarra tendrá que coordinar algunas cuestiones de competencia estatal como lo relativo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como los mecanismos de control a los precios de alquiler en las zonas tensionadas que establecerá la nueva ley", ha explicado el Gobierno foral.
