• jueves, 25 de abril de 2024
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SOCIEDAD

Un proyecto ayudará a 500 personas en riesgo de exclusión a encontrar empleo

El Gobierno de Navarra impulsará este proyecto en Tudela y en la comarca de la Burunda para atender a personas desempleadas. 

Varias personas se informan en una oficina de empleo EP.
Son muchas las personas para las que visitar las oficinas del 'INEM'. EP.

El Gobierno de Navarra ha impulsado un proyecto piloto que durante los próximos tres años aunará de forma integral los servicios sociales y de empleo prestados en la ciudad de Tudela y la comarca de la Burunda (Alsasua, Olazagutía y Ziordia) para favorecer la inclusión social de 500 personas desempleadas.

En concreto, a los participantes en esta iniciativa se les ofrecerá un itinerario de inserción adaptado a sus necesidades, que será realizado y supervisado por un equipo mixto de dos trabajadores, uno con experiencia en el ámbito del empleo y el otro en los servicios sociales.

Los participantes, 400 de Tudela y 100 de la Burunda, serán seleccionados según diferentes criterios como ser personas desempleadas de larga duración (entre 1 y 2 años), pertenecer a grupos vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, extranjeros, etc.), percibir la renta de inclusión social, recibir algún subsidio de desempleo que esté a punto de agotarse, no recibir ninguna prestación y encontrarse en riesgo de exclusión social, o tener una razonable capacidad de acceder a un empleo.

Todas ellas deberán firmar un acuerdo recíproco de inclusión social, según el cual el servicio público se compromete a realizar, en un plazo concreto, un diagnóstico de las necesidades de cada persona y una oferta de itinerario de formación, que será supervisado. Por su parte, la persona beneficiaria deberá participar en este itinerario, pactado y adaptado a sus necesidades.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO

Este proyecto, ha sido presentado este viernes en Pamplona en una jornada abierta por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y clausurada por el director general de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y Evaluación de las Políticas Sociales, Patxi Tuñón.

En dicha jornada también han participado el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena; el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte; y el presidente de la Mancomunidad de Sakana, Francisco Javier Paz.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 470.000 euros, de los que 350.000 han sido aportados por las instituciones públicas y 120.000 por la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caja Navarra, a partes iguales. Además, se ha solicitado financiación europea por importe de 1,4 millones de euros.

En esta iniciativa colaboran el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Alsasua, Olazagutía y Ziordia, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), las asociaciones de empresario de la Ribera (AER) y de Sakana (AES), Cruz Roja, ANAFE, CCOO, LAB, el Consorcio Eder y la agencia de desarrollo de la Sakana.

EL PORQUÉ DE TUDELA Y LA BURUNDA

La selección de la ciudad de Tudela y de la comarca de la Burunda para llevar a cabo este proyecto piloto se debe a que ambas zonas cuentan con algunas de las tasas más elevadas de Navarra en cuanto a paro y a perceptores de la renta de inclusión social.

En concreto, desde agosto de 2008 a agosto de 2015, el desempleo ha incrementado en la Burunda un 105% y en Tudela un 91%, mientras que en el conjunto de Navarra ha sido del 71%. Por su parte, las personas perceptoras de la renta de inclusión social han aumentado un 440,74% en Tudela durante los últimos siete años, y un 270% en Alsasua, Olazagutía y Ziordia. En toda Navarra se han incrementado un 399%.

El fin último de este proyecto, denominado 'Refuerzo del derecho a la inclusión social a través de la integración de servicios', es ofrecer una prestación integrada de servicios sociales y de servicios de empleo a 500 ciudadanos en riesgo de exclusión a través de la gestión individualizada de sus situaciones.

Esta iniciativa comenzará el próximo año y cuando finalice será evaluada comparativamente con otros municipios de Navarra para determinar en qué medida los nuevos modelos de intervención social que se pongan en marcha consiguen los resultados esperados. Se prevé que sea en verano cuando se incorporen al programa, de forma progresiva, las 500 personas participantes.

Para llevarlo a cabo, el Gobierno de Navarra parte de la premisa de que reforzar la protección social, a través de la renta de inclusión por ejemplo, "no va a desincentivar el retorno al empleo si al mismo tiempo se refuerzan y adaptan los servicios que favorecen el acceso al empleo", como es el caso de la formación.

Además, esta experiencia aprovecha la circunstancia de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales incluye las competencias de empleo y servicios sociales, cuestión que permite acometer de manera más ágil las reformas administrativas que sean necesarias.

Este proyecto piloto ha sido diseñado mediante un proceso de participación con los agentes implicados y se ha articulado a través de la cooperación entre el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, las entidades locales implicadas, el Servicio Navarro de Empleo, los servicios sociales, los equipos de inserción sociolaboral (EISOL), las asociaciones empresariales, las agrupaciones sindicales y entidades sociales de la zona.

Además de mejorar el acceso al empleo de las 500 personas que participen en este proyecto piloto, el Gobierno de Navarra pretende diseñar y evaluar un nuevo modelo de atención para la población vulnerable desempleada a través de una intervención coordinada e individualizada para cada caso de los servicios sociales y de empleo.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales también quiere con esta iniciativa identificar y comprobar posibles reformas de la renta de inclusión social que consigan una mejor protección y una gestión administrativa más flexible, simplificada y eficiente.

Otros de los objetivos de este proyecto son el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema de planificación de políticas activas de empleo a nivel local mediante la alianza de agentes públicos y privados; la evaluación de resultados para tomar posteriormente decisiones políticas en este ámbito de intervención; y extraer lecciones o recomendaciones que puedan ser útiles a otras administraciones.


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