El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, trabaja con expertos de distintos ámbitos sociales, abogacía e instituciones penitenciarias para elaborar un Servicio Navarro de Ejecución Penal centrado en la persona en vez de en la prisión y que establezca itinerarios personalizados centrados en la integración social de los delincuentes.
Así lo ha indicado en declaraciones previas al comienzo de la que es la primera reunión de este grupo el consejero, que ha explicado que se trata de “dar al sistema penal y penitenciario elementos y posibilidades para tomar otras decisiones que no sean estrictamente el cumplimiento de toda la condena dentro de prisión, sin posibilidad alguna de avanzar hacia una reinserción social”.
“Siempre se ha puesto la prisión en el centro como una forma de privación de libertad”, ha criticado asegurando que actualmente hay carencias en esta atención porque nunca se ha organizado “un sistema coordinado e integrado que tenga como centro a la persona para atender la reinserción con itinerarios individualizados”.
Este servicio, ha declarado, tendrá competencias en la atención de los presos en materias como las políticas sociales, educación o sanidad.
De la reunión mantenida hoy saldrá un estudio que prevén que esté terminado en febrero o marzo del 2021 y que valorará la situación actual en esta materia, cómo debe plantearse este sistema y los pasos a dar, ya que en la actualidad el sistema penitenciario es competencia estatal y “hay que negociar algunas cuestiones relativas a esta coordinación”, ha indicado Santos.
Con este estudio se da cumplimiento al acuerdo programático y se avanza en la transferencia de competencias en materia penitenciaria establecida en la Ley de Amejoramiento del Fuero, ha indicado para destacar a este respecto que “Navarra siempre ha tenido vocación y potestad sobre sus propias decisiones” en materia penitenciaria.
“La constitución española dice que toda condena está orientada a la reinserción social, por lo tanto ninguna administración pública puede obviar su responsabilidad”, lo que supone “actuar en todo tipo de delitos” pero teniendo en cuenta que cada caso es distinto y “en función de cada delito y cada persona tenemos que diseñar un programa de reinserción”, ha declarado.
“Las personas presas no están fuera de la sociedad salvo por el hecho de que están cumpliendo una pena privativa de libertad que a veces no deberían cumplir en prisión, sino en otros regímenes”, ha señalado insistiendo en que esto “supone pegar una pensada a todo el sistema navarro y saber cómo podemos optimizar todas nuestras capacidades”.
En la actualidad, ha indicado, en Navarra hay aproximadamente 300 personas en privación de libertad de las que entre un 15% y un 20% son mujeres.
Ellas, ha asegurado el consejero, “están muy invisibilizadas en el ámbito de la prisión” y deberían recibir “una atención especial porque tienen circunstancias y problemática que deben ser abordadas desde una perspectiva feminista y de género”.
Según ha indicado, buscan retomar la situación vigente hasta el año 2011, cuando “el Estado dejó de prestar una serie de servicios de coordinación” que, ha asegurado, se han ido supliendo desde la Comunidad foral.
El equipo queda conformado por 15 personas, entre las que se incluyen el propio consejero, Eduardo Santos, y el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, ambos representantes del Gobierno Foral en un grupo en el que se integran, además, juristas, académicas, profesionales de la abogacía o diferentes entidades sociales que trabajan con la población reclusa.
El grupo cuenta con la organización, impulso y dinamización de Jorge Ollero, técnico de la Federación Andaluza Enlace, jurista en excedencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y miembro de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).
